Sin duda alguna, el 7 de diciembre de 2022 fue el inicio de un periodo nefasto para las y los hermanos peruanos. Resultado de una profunda y persistente crisis política en Perú, el entonces presidente constitucional Pedro Castillo, intenta, en un acto desesperado, cerrar el congreso por vía legal para evitar su inminente vacancia, liderado por la clase política que responde a los intereses de la elite peruana.  Esta es la élite a la que no le incomoda la línea conservadora del presidente Castillo sino su origen étnico racial y, principalmente, la posibilidad de un cambio de la constitución política del país.

Las medidas adoptadas por el presidente Castillo no lograron evitar la permanente amenaza de una vacancia, por el contrario, son la excusa de las oligarquías para usurpar el poder e instaurar un gobierno servil a sus intereses, como el de Dina Boluarte, que les permite mantener intactos sus privilegios. Pedro Castillo es detenido instaurándose así el gobierno opresor. A las pocas horas de la toma de la posesión de Boluarte, hombres y mujeres de sectores populares y pueblos originarios comenzaron a movilizarse masivamente en repudio a la poca capacidad de representación y el carácter ilegítimo de la nueva autoridad. La respuesta de Dina es la violencia, quien intenta resolver el conflicto por medio del uso de la fuerza y la violencia desmedidas que dejaron como saldo medio centenar de muertos, cientos de heridos y la evidente vulneración general de los Derechos Humanos. No conforme con esta masacre, la oligarquía peruana incita a la sociedad a justificar la brutal represión con el pretexto de una lucha contra el terrorismo. Esta estrategia no es nueva. La elite ha logrado mantenerse en el poder gracias a la estigmatización del “otro”, de todo aquel que le resulte incómodo para reproducirse a sí misma. La clase social dominante sabe que para conservar su posición y su vida parasitaria debe mantener vigente la estructura política y social de la colonia y para ello le resulta eficiente “terruquear” y criminalizar al “indio”, pero no a cualquier “indio”, porque el indio sumiso le sirve como mano de obra barata, sino al “indio” que lucha por su derecho a la vida digna y porque su condición étnica no sea razón “natural” de esclavitud o menosprecio. Lo propio pasa con el pobre, al que catalogan como delincuente innato y al que se culpabiliza de su propia postergación. Incuestionablemente, el proyecto político de la elite peruana se articula en la negación y estigmatización del “indio” y la invisibilización de la injusticia.

Sin embargo, para pesar de esta oligarquía indolente, el lamentable escenario que deja la arremetida sanguinaria del terrorismo de Estado en Perú, lejos de estar convirtiéndose en una derrota para los oprimidos, está abriendo nuevos rumbos de lucha y la posibilidad de una verdadera transformación social. El pueblo peruano nos está enseñando con su inquebrantable resistencia que del dolor nacen las fuerzas para seguir, que la indignación debe organizarse, que las vidas de los indios y los pobres valen igual que cualquier otra, que la vida triunfa, que no nos podemos rendir ante la impunidad y que es hora, por fin, de escribir nuestra propia historia. Este grito de rabia es también un grito de esperanza que nos convoca a organizarnos para luchar por mejores días, que nos invita a colectivizarnos para construir una sociedad donde todos puedan tener trabajo digno, un plato de comida en la mesa, educación, salud, vestido, techo y, por qué no, hasta momentos de esparcimiento. Estamos llamados a erigir, en honor de nuestros mártires, una sociedad en la que podamos convivir e interconectarnos en armonía con todos los seres de nuestro entorno, en la que humanidad no sea sinónimo de destrucción. Una sociedad en la que vivir bien y satisfacer nuestras necesidades no se vinculen con consumismo sino con escuchar, comprender y estrechar vínculos con el otro, y resolver los conflictos por medio del diálogo.  

De esta premisa, nos unimos al sentir y lucha del pueblo peruano y porque los Derechos Humanos son universales e inalienables y la lucha de los explotados y subyugados es la misma aquí y en todo el mundo, El Hormiguero, desde la Bolivia plurinacional:

Repudia la represión sanguinaria y las masacre por parte del Estado peruano con anuencia y justificación de la oligarquía.

Exhorta a las autoridades peruanas a atender las demandas sociales y resolver con premura la crisis política y social que vive el país para evitar mayor violencia.

Demanda que las instituciones peruanas y los organismos internacionales de Derechos Humanos investiguen a fondo el ejercicio de terrorismo de Estado en Perú.

Manifestamos todo nuestro apoyo y solidaridad al pueblo peruano “indio” y trabajador que, históricamente silenciado, hoy alza su voz con dignidad y con coraje sale a la calle buscando justicia social y reclamando los derechos que sistemáticamente les ha sido negado.

Y finalmente, instamos a los pueblos del Abya Yala a organizarse y unir fuerzas para acabar con la estructura colonial, racista, clasista y patriarcal que recicla sus formas de sometimiento y vive parasitariamente del trabajo de las mayorías.

Por la esperanza de cambios en Perú, por mejores días para los pueblos explotados del Abya Yala y porque urge la construcción de una sociedad más justa y armónica con el entorno ¡Organicémonos y luchemos juntos!

¡Basta de impunidad!

Bolivia, enero de 2023