MINGA 8, año 5, semestre II, 2022

Resumen

El movimiento obrero ha desempeñado un lugar destacado en la historia de Bolivia, sobre todo, desde la Revolución de 1952. Si bien sufrió una fuerte ofensiva del capital en las décadas de 1980 y 1990, en el presente siglo la clase trabajadora comenzó a recuperarse tras la embestida neoliberal. El propósito del artículo es observar las diversas protestas laborales desarrolladas durante la presidencia de Evo Morales Ayma (2006-2019). En particular, se abordan los conflictos sindicales originados en el movimiento obrero, los diferentes tipos de protestas que se efectuaron, las formas que asumieron y el contenido de sus reclamos. Como parte central de ese análisis se investiga sobre el fluctuante comportamiento sindical y político que fue adoptando la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) frente a un gobernante de extracción indígena. En ese sentido, observamos las posturas que adoptó la entidad obrera frente al expresidente de acuerdo con el nivel de desarrollo de la protesta gremial y según las distintas coyunturas electorales. Para efectuar esta pesquisa se hizo un detallado examen de los principales periódicos de esos años. Además, se consultó diversos informes elaborados por diferentes centros de estudios.

Palabras Clave: Bolivia, Evo Morales, MAS, COB, clase obrera, conflictos sindicales

Abstract

The labor movement has played a prominent place in the history of Bolivia, especially since the 1952 Revolution. Although it suffered a strong offensive by capital in the 1980s and 1990s, in the present century the working class began to recover after the neoliberal onslaught. The purpose of the article is to observe the various labor protests developed during the presidency of Evo Morales Ayma (2006-2019). In particular, it addresses the union conflicts originating in the labor movement, the different types of protests that took place, the forms they assumed and the content of their claims. As a central part of this analysis, we investigate the fluctuating union and political behavior adopted by the leadership of the Central Obrera Boliviana (COB) in the face of a ruler of indigenous extraction. In this sense, we observe the positions adopted by the workers’ entity against the former president according to the level of development of the union protest and according to the different electoral situations. To carry out this research, a detailed examination of the main newspapers of those years was made. In addition, various reports prepared by different study centers were consulted.

Keywords: Bolivia, Evo Morales, MAS, COB, working class, union conflicts

Introducción

La historia contemporánea de Bolivia debe observarse, entre otras posibilidades, a través de las numerosas luchas sociales y políticas que se desarrollaron en las últimas siete décadas. No cabe duda que el puntapié inicial de esta cronología debe partir de la Revolución Nacional de abril de 1952, el acontecimiento más significativo que tuvo ese país andino amazónico en sus casi doscientos años de vida.

A diferencia de otros movimientos revolucionarios ocurridos en el continente, los acontecimientos en el altiplano estuvieron signados por la determinante presencia de la clase obrera minera como el protagonista central de ese evento. De acuerdo con Zavaleta Mercado (1987), desde la década de 1940, el proletariado del subsuelo y su organización la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) ocuparon un espacio destacado en la sociedad.

Tras derrotar al ejército en 1952, los trabajadores impulsaron la creación de la Central Obrera Boliviana (COB) como un instrumento sindical necesario a la hora de disputar el poder ante el resto de la sociedad y el Estado. Desde entonces conquistaron un lugar políticamente visible en la nueva etapa abierta no solo porque desempeñaron los cargos de vicepresidentes, ministros, diputados, senadores, directores de empresas, entre otras funciones, sino también porque promovieron las transformaciones más radicales de la revolución.

En ese contexto, la COB fue una escuela de formación para el resto de las organizaciones, sobre todo, fomentando la sindicalización de los campesinos y de los sectores medios. Además, no solo se ocupó de temas laborales sino que también incidió en diversas cuestiones políticas.

Sin embargo, en 1985, emergió una nueva Bolivia. A partir de ese año se dieron una serie de modificaciones estructurales que impactaron en la sociedad que había emergido en 1952. El ascenso al poder de Víctor Paz Estensoro significó el cierre de un ciclo en el que él fue un protagonista destacado. La piedra angular que dio inicio a estas transformaciones fue la aplicación del Decreto Supremo (DS) 21060; a partir de entonces se inició una época signada por una fuerte ofensiva del capital sobre el ámbito laboral.

El núcleo central de las reformas estructurales impulsadas por el Palacio Quemado fue el desmantelamiento de la poderosa Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL). En el plazo de un año se cerraron más de cincuenta minas estatales. Al calor de la agenda neoliberal, la citada empresa despidió a más de las dos terceras partes de sus obreros, incrementando las tasas de desocupación y subempleo, convirtiendo en pueblos fantasmas a numerosos distritos erigidos alrededor del trabajo del subsuelo. Aunque su presencia militante disminuyó, el ciclo de rebeliones abierto con las guerras del agua (2000) y del gas (2003) junto con la llegada al gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) volvió a instalar al proletariado en la escena política boliviana.

En un período y en una sociedad signada por un elevado índice de conflictividad social (Rojas, 2015), el objetivo del artículo es examinar las diversas protestas laborales desarrolladas durante las presidencias de Evo Morales Ayma (2006-2019). En particular, se abordan algunas cuestiones referidas a las protestas sindicales originadas en el movimiento obrero. Como parte central de ese análisis se indagará sobre el oscilante comportamiento sindical y político que fue adoptando la dirigencia de la COB frente a un gobernante de extracción indígena. Se parte de la hipótesis de que las posturas que adoptó la entidad obrera frente al gobierno fueron cambiando de acuerdo con el nivel de desarrollo de la propia dinámica de la lucha de los trabajadores y según las distintas coyunturas electorales. Partiendo de las categorías empleadas por Antonio Gramsci (1980) consideramos que las presidencias del MAS han emplazado una cierta forma de gobierno transformista, de desmovilización y de cooptación “por arriba” con la incorporación de algunos dirigentes de las organizaciones obreras y campesinas al aparato del Estado, como un instrumento de pasivización sobre las centrales sindicales, en lugar de favorecer a su autonomía y autorganización. Como correlato, se examinan las respuestas dadas por el gobierno ante algunos enfrentamientos laborales.

El artículo se inscribe en el campo de los estudios sobre la Historia Reciente, el cual se ha desarrollado en forma vertiginosa en los últimos años (Franco y Levín, 2007). La investigación descansa sobre la combinación de análisis de casos (Hammersley y Gomm, 2000) y el empleo del método comparativo (Mahoney y Rueschemeyer, 2003), siguiendo en lo esencial las pautas tradicionales del oficio del historiador, recolectando fuentes documentales en una triangulación con el relevamiento de documentos secundarios. Para la realización de la presente investigación se ha recurrido a la consulta de tres periódicos de circulación nacional (La Razón, La Prensa, Página Siete) y de dos órganos de prensa de difusión regional (El Deber de Santa Cruz y Los Tiempos de Cochabamba); cada uno de ellos con líneas políticas e ideológicas diferentes frente a la presidencia de Morales. Además, el estudio se ha nutrido de numerosos boletines e informes proporcionados por la base de datos semestrales de la Fundación UNIR y por los análisis generados por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).

El artículo se encuentra dividido en cinco apartados: en los tres primeros se analizan en términos generales las principales protestas y el comportamiento de la COB durante los mandatos presidenciales de Morales; mientras que en la cuarta, se hace mención a ciertas características de los conflictos laborales y su resolución por parte del gobierno. Por último, en la quinta sección se desarrollan algunas conclusiones sobre la presente investigación.

1. La conflictividad laboral durante la primera presidencia

A pesar que en la campaña electoral de 2005 Morales hizo promesas en torno del renacimiento de la minería estatal bajo la COMIBOL, sus gobiernos se caracterizaron por fortalecer al ámbito privado representado tanto por la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (FENCOMIN) como por la mediana y gran minería en manos de compañías transnacionales. Lejos de la renacionalización del subsuelo, el interés se orientó por continuar con la estrategia neoliberal de fomentar los contratos de riesgo compartido entre cooperativistas y empresas extranjeras. En cierta forma, esa orientación se correspondió con la propuesta esbozada por el ex vicepresidente Álvaro García Linera (2006) cuando manifestó la intención de desarrollar un estado fuerte, denominado “capitalismo andino amazónico”, sobre una base económica atada a una lógica extractivista dependiente de la exportación de materias primas (Gudynas, 2015).

En ese sentido, las presidencias del MAS privilegiaron la relación con el sector cooperativista dentro del mundo de la minería. Así, el primer ministro que se designó para esta área fue un expresidente de la FENCOMIN. Igualmente, los socios de las cooperativas ocuparon diversos cargos gubernamentales, entre otros, fueron asambleístas constituyentes, diputados, senadores y representantes diplomáticos.

Si bien al comienzo de la primera gestión presidencial, los principales reclamos laborales que tuvo que hacer frente Morales fueron los que se originaron dentro de los sindicatos docentes, los más significativos y neurálgicos fueron los que se produjeron en el mundo minero. De todos esos conflictos, el más importante fue el protagonizado entre los trabajadores asalariados mineros y cooperativistas en el yacimiento del cerro Posokoni en Huanuni (Oruro).

Aunque los problemas en la zona se remontan tras la hecatombe provocada por la aplicación del DS 21060, las dificultades en el lugar continuaron en los inicios de la presidencia del MAS; sobre todo, cuando Morales designó como ministro de Minería a Walter Villarroel, miembro de la cooperativa La Salvadora de Huanuni, decisión que generó un abierto malestar con la FSTMB. A partir de entonces, los cooperativistas con el aval del Poder Ejecutivo retomaron la ofensiva para explotar los niveles más profundos del cerro, donde se encontraban trabajando los asalariados de la COMIBOL. En esa coyuntura, en los primeros nueve meses del año hubo dieciséis reuniones entre el gobierno y los actores antes mencionados para solucionar la explotación del yacimiento; sin embargo, esto no sirvió para detener los enfrentamientos sangrientos que se sucedieron.

En el mes de septiembre, mientras se desarrollaron las negociaciones y como forma de presión, diferentes grupos de cooperativistas efectuaron una serie de ocupaciones en los yacimientos de Colquiri y de Viloco (ambos en La Paz), exigiendo –entre otras cuestiones- mayores niveles de explotación en Huanuni.

A pesar de que muchas de las demandas solicitadas se cumplieron, en la primera semana de octubre, los cooperativistas incrementaron las intimidaciones sobre la FSTMB. En ese marco, los socios de las cooperativas determinaron la ocupación del yacimiento, dando lugar a un enfrentamiento sangriento con los asalariados. Como consecuencia, tras dos días de duros combates, se produjo la muerte de dieciséis pobladores junto con un centenar de heridos (Cajias, 2013).

Estos hechos derivaron en una grave crisis institucional: Morales solicitó la renuncia del ministro Villarroel y del director de la COMIBOL, Antonio Rebollo, quienes fueron reemplazados por Guillermo Dalence y Hugo Miranda, respectivamente. No solo dispuso esas medidas, a fines de ese mes, el primer mandatario nacionalizó el yacimiento (Fornillo, 2009). De ese modo, la empresa estatizada contrató a los empleados mineros que estaban agrupados en las cuatro cooperativas que operaban en el cerro; así ingresaron como asalariados cerca de cuatro mil trabajadores provenientes de las antiguas cooperativas junto con campesinos de la zona (Crabtree y Chaplin, 2013).

Los enfrentamientos entre cooperativistas y mineros sindicalizados continuaron durante los restantes años; sin embargo, estos tuvieron una menor relevancia frente a otros problemas que afectaron la gobernabilidad como fue la oposición de los prefectos de los departamentos orientales y el debate de la Asamblea Constituyente. En ese escenario es interesante observar cómo fue cambiando el posicionamiento de la dirigencia de la COB frente al gobierno. Al principio de su mandato los líderes sindicales mantuvieron una actitud de desconfianza hacia el presidente. La central obrera se encontró con una situación novedosa en su historia: la presencia de un dignatario indígena con un fuerte respaldo de las organizaciones campesinas. En ese contexto, la FSTMB y la COB cuestionaron dos grandes temas. En primer lugar, se criticó que el Ministerio de Minería estuviese encabezado por un socio cooperativista. En segundo término, se esbozó el temor de que sectores sociales vinculados a Morales buscaran modificar el estatuto de la entidad e impusieran a dirigentes de sindicatos campesinos o a cooperativistas al frente de la misma en el XIV Congreso Orgánico de junio de 2006.

Sin embargo, esto último no sucedió ya que los delegados hicieron prevalecer la tradición minera a la hora de elegir una nueva conducción. De esta forma, el encuentro celebrado en Viacha designó a Pedro Montes en reemplazo de Jaime Solares como Secretario Ejecutivo de la central. A la par de esa designación, el cónclave laboral reafirmó la necesidad de “luchar por las agendas de octubre del 2003 y de mayo – junio de 2005” por lo que se enfatizó “la nacionalización sin indemnización de los hidrocarburos, la recuperación de todos los recursos naturales y la abrogación de los decretos y leyes neoliberales” (CEDLA, 2009: 5).

A pesar de estas declaraciones, durante los siguientes años la dirigencia encabezada por Montes se terminó acercando al proyecto de Morales, lo que se expresó en forma abierta en el último semestre del 2008. En esa circunstancia, la decisión de la COB estuvo enmarcada por una serie de sucesos previos. En primer lugar, la aproximación al gobierno se encuadró dentro de los distintos realineamientos de fuerzas que se produjeron en esa coyuntura al calor de los tensos enfrentamientos con los prefectos opositores en el marco de los debates de la Asamblea Nacional Constituyente.[i] En segunda instancia, la disposición del Secretario Ejecutivo de la entidad laboral se insertó en un contexto donde el presidente había sido ampliamente ratificado en las urnas tras el referéndum realizado el 10 de agosto. No obstante, esta decisión le valió un fuerte cuestionamiento a Montes por parte de los mineros de Huanuni, ya que ese acercamiento se hizo tras la muerte de dos trabajadores del subsuelo en una medida de fuerza durante ese último mes.

Toda esta situación condujo a que la dirigencia de la COB, en septiembre de 2008, se integre a la Coordinadora Nacional por el Cambio (CONALCAM), ente que aglutinaba a todos los sectores sociales afines al MAS (Zuazo, 2010). Si bien el pacto fue duramente criticado por las centrales obreras departamentales de Oruro y Tarija, el acuerdo representó la subordinación de la lucha de los asalariados y de la agenda de octubre de 2003 a la defensa del gobierno y su política de conciliación de clase (Zegada et al., 2008).

A partir de entonces, con muy contadas excepciones, se produjo una explícita convivencia entre ambos actores a lo largo del primer mandato de Morales. Sin embargo, por fuera de ese acercamiento de la dirigencia sindical, es lícito indicar que durante el segundo semestre de 2008 (frente a los años anteriores) hubo un aumento en el número de medidas de fuerza en demanda de mejoras laborales y salariales (Cf. Fundación UNIR, 2008). De ahí que, en diversas ocasiones, las relaciones de las bases con la cúpula de la COB pasaron por momentos de extrema tensión, sobre todo cuando emergieron conflictos por fuera de la aprobación de Montes, como fueron las protestas de los mineros de Huanuni, de los metalúrgicos de Vinto, de los docentes paceños, de los trabajadores del Servicio de Aeropuertos, del proletariado fabril y de los empleados de la salud pública, entre otros hechos.

2. La conflictividad laboral durante el segundo período presidencial

La mayoría de los observadores sobre el proceso reciente boliviano coinciden en afirmar que el segundo período presidencial de Morales se inició dentro de una coyuntura más favorable que su primer mandato. Sin embargo, ese escenario no alcanzó para evitar que se produzcan numerosos conflictos (Schneider, 2014).

El objetivo gubernamental de impulsar un modelo de desarrollo industrial en el marco del denominado “Proceso de Cambio” provocó, desde el inicio del segundo mandato, una serie de problemas y cuestionamientos distintos a los experimentados en el primer período. A diferencia de esa gestión, los principales sectores que impugnaron las directivas del Poder Ejecutivo no provinieron del bloque regional del oriente boliviano, sino desde sus propias bases electorales.

Como un elemento necesario para promover este modelo de desarrollo, Morales privilegió una estrecha alianzacon las corporaciones antiguamente dominantes. En este sentido, no sorprende la abierta aceptación de sus medidas por los enemigos de antaño, como los grupos empresariales de Santa Cruz y Tarija. Por otro lado, el amplio control alcanzado en los diversos órganos del Estado condujo al MAS a contar con una notable concentración de poder en todas las instituciones del régimen, lo que en la práctica se tradujo en una clara posición hegemónica sobre las diferentes organizaciones sindicales y comunitarias.

Todo este panorama quedó plasmado en el incremento de las protestas sociales durante su segundo mandato; en particular, sobresalieron las encabezadas por la clase trabajadora. Según la Fundación UNIR (2012), en el 2010 se desarrollaron 770 conflictos, lo que constituyó más del doble de las protestas acaecidas el año anterior, cuando hubo 316, y más del triple de las originadas en 2008. Estos datos cobran una mayor relevancia si se los compara con 2011, cuando se alcanzó la cifra de 1304 conflictos. Por otra parte, si bien en el 2012 y en el 2013 los eventos tendieron a disminuir, en comparación con el 2011, estos nunca alcanzaron los magros números de la primera gestión de gobierno.

Cabe indicar que el recrudecimiento de la protesta se dio en la mayoría de las ocasiones por fuera de la voluntad de la dirigencia sindical. En ese marco, los primeros enfrentamientos en el mes de abril de 2010 fueron encabezados por los docentes y el proletariado fabril de La Paz en oposición al anteproyecto del Código de Trabajo que era impulsando por el MAS en connivencia con la dirigencia laboral.[ii]

Este panorama se intensificó al cruzarse con las negociaciones anuales salariales impulsadas por la central obrera; en esa coyuntura, frente a las diversas críticas que recibía Montes por su actitud complaciente con Morales, la COB decidió convocar al primer paro general del período. El mismo mostró un masivo apoyo: en los nueve departamentos se realizaron marchas, bloqueos de vías y se instalaron piquetes de huelga de hambre; incluso en La Paz, los obreros fabriles intentaron tomar el Ministerio de Trabajo donde fueron reprimidos por la policía.

A pesar de esa masiva demostración de fuerza, Montes acordó el aumento dispuesto originalmente por el gobierno. En ese escenario sólo quedaron protestando, en forma aislada durante un par de semanas, los docentes urbanos y los obreros fabriles de La Paz.[iii]

Pese a que la COB había intentado cerrar el año con calma, esta meta no se pudo lograr. Un nuevo motivo de disputa se inició a partir del incremento al impuesto a los combustibles en el mes de diciembre (Arze, 2013). A raíz de este hecho, la respuesta no se hizo esperar: hubo una protesta masiva de toda la población. En pocas horas, diferentes grupos de mineros, maestros rurales y urbanos, juntas vecinales, transportistas, seccionales de sindicatos fabriles y de amas de casa exigieron la derogación del gravamen junto con la renuncia de varios funcionarios de la presidencia. De ese modo, cabe subrayar que gran parte de las medidas de fuerza se desplegaron por fuera de la voluntad de la cúpula de la COB, que fue duramente cuestionada por sus bases por la actitud dubitativa en esos días. Al cabo de una semana de enfrentamientos, a pocas horas de que finalice el año, Morales se vio obligado a derogar el decreto, argumentando que debía “gobernar obedeciendo al pueblo”.[iv]

Durante el año 2011 los enfrentamientos laborales se originaron en demanda de mejoras salariales. Entre los meses de febrero y mayo diversos sectores obreros presionaron para que el incremento en los haberes sea del orden del 30%, frente al 7% que estaba dispuesto a dar el gobierno. Las medidas de fuerza se expresaron por medio de paros nacionales y parciales en cincuenta entidades sindicales, federaciones nacionales y centrales obreras departamentales y regionales, con bloqueos de caminos y marchas en todo el país. Docentes, empleados de la salud, mineros, jubilados y trabajadores municipales, entre otros, hicieron sentir su fastidio con el mandatario. En ese escenario, hubo enfrentamientos de policías contra mineros y maestros rurales con numerosos heridos y detenidos. Además, de la dura represión de las fuerzas de seguridad, Morales apeló a distintas organizaciones sociales identificadas con su proyecto (campesinos, interculturales, cocaleros) para que se movilizaran contra los sectores que se encontraban protestando. En forma simultánea, él y su vice en reiteradas ocasiones descalificaron a los manifestantes como “instrumentos de la derecha”, “traidores” y “golpistas”.[v]

En esa coyuntura, la dirigencia de la COB convocó, impulsada por sus bases y por algunas Centrales Departamentales, a varios paros en el marco de una serie de negociaciones con las autoridades (Salman, 2011). Como consecuencia, Montes firmó una mejora salarial del 12% para los empleados de la salud y los docentes junto con la promesa gubernamental de anular el DS 21060 (CEDLA, 2011). Sin embargo, estos acuerdos no fueron cumplidos. El gobierno no derogó la citada norma ni tampoco concedió el incremento pactado; por el contario, continuaron vigentes muchas de las prácticas vinculadas a la mencionada legislación neoliberal a la vez que solo confirió un 10% de aumento en los haberes.[vi]

Con ese panorama de fondo, aumentó el cuestionamiento a la dirección cobista. Los mineros reunidos en el XXXI Congreso de la FSTMB criticaron duramente el incumplimiento de Morales; a su vez, demandaron la convocatoria a un nuevo Congreso de la COB para renovar el Comité Ejecutivo Nacional junto con el pedido de que Montes sea sometido a un “proceso por el tribunal de honor de la Federación de Trabajadores Mineros”.[vii]

Como parte de esa coyuntura y en paralelo a los enfrentamientos encuadrados dentro de la central obrera, los mineros participaron –por distintos motivos – de numerosos choques contra el gobierno. Si bien los socios cooperativistas se perjudicaron con la nacionalización del cerro Posokoni en el 2006, el primer mandatario continuó otorgando numerosos beneficios a este sector (Espinoza, 2010).

En la segunda presidencia de Morales, el sector minero continuó beneficiado por el alza de los precios de las materias primas. Esto explica, en parte, el aumento de las pugnas entre los asalariados y las cooperativas por el control de los yacimientos. Los mayores enfrentamientos, algunos en forma extremadamente violentos, se sucedieron en la región occidental; sobre todo, en aquellas áreas con mayor concentración de minerales. De ese modo, en el año 2011 se efectuaron varias protestas de cooperativistas, mineros asalariados y campesinos por el control y explotación de diversos yacimientos de piedra caliza, estaño, hierro y oro, entre otros minerales (Quiroga et al., 2012).

En el año 2012, además de los conflictos por mejoras salariales sobresalieron otros graves enfrentamientos laborales. Por una parte, se desarrolló la lucha de los médicos, convocada por la Comisión Nacional de Salud. Esta medida de fuerza se hizo impugnando el DS 1126 por el que se dispuso la extensión de la jornada laboral de seis a ocho horas en el sistema de salud pública, sin la correspondiente compensación salarial. Cabe observar que en ese reclamo, los trabajadores de la sanidad denunciaron los problemas estructurales en el área, exigiendo una mejora de la infraestructura hospitalaria, de sus equipamientos e insumos. Tras más de cincuenta días de protesta, el Poder Ejecutivo terminó suspendiendo la norma (Leaño, 2012).

Por otra parte, se produjo una dura disputa protagonizada por los trabajadores mineros de Colquiri y de Mallku Khota en defensa de la nacionalización del subsuelo. En el primer sitio, el problema se inició en mayo del 2012 cuando un grupo de cooperativistas avasalló la mina ubicada en el departamento de La Paz. Hasta ese momento la empresa era operada bajo la modalidad de riesgo compartido (en acuerdo con la COMIBOL) por la compañía Sinchi Wayra, una filial de la multinacional suiza Glencore. A partir de ese entonces, durante cinco meses, se desarrolló una puja incesante entre los dos grandes interesados del área: la FSTMB y la FENCOMIN. En ese lapso, se desataron varios enfrentamientos con dinamita (que provocaron decenas de heridos y un muerto), capturas de rehenes, paros en centros mineros, bloqueos de rutas y movilizaciones a la sede del gobierno. Frente a estos hechos, Morales decidió nacionalizar parcialmente el yacimiento, pasando su gestión a la COMIBOL; en forma simultánea, dejó que una de las mejores vetas (la denominada Rosario) fuese en un 50% explotada por los cooperativistas.[viii]

En la segunda ocasión, el altercado se dio en torno a la mina Mallku Khota en el territorio indígena del Norte dePotosí. Desde el año 2003, la zona venía siendo regenteada por un consorcio subsidiario de la firma canadiense South American Silver. A partir de ese momento, la empresa promovió una política de adquisición de concesiones y de cooptación de dirigentes comunitarios por medio de compensaciones sociales y facilitando fuentes de empleo (Jiménez y Campanini, 2012). Sin embargo, esta situación no fue aceptada por la mayoría de la población; esto condujo a que diferentes ayllus del lugar hiciesen numerosas asambleas y cabildos con el objetivo de expulsar a la compañía y exigir al Poder Ejecutivo la reversión de las concesiones otorgadas. Con ese panorama de fondo, se iniciaron en el mes de mayo una serie de protestas a raíz de que varios policías ingresaron con violencia en la comunidad, invadiendo las viviendas, gasificando a los pobladores e intentando capturar a una serie de dirigentes locales. Esto derivó en cinco meses de ocupaciones con rehenes, movilizaciones a La Paz y choques con las fuerzas de seguridad que dejaron un saldo de un campesino muerto y de varios heridos. Tras esos hechos, Morales firmó un Decreto Supremo donde se nacionalizó la reserva, asignando a la COMIBOL la administración del yacimiento.[ix] No obstante, este fue un pacto provisorio. Los asalariados de la FSTMB insistieron en que en la medida dispuesta no se contemplara la participación de los cooperativistas y que, en la directiva sindical de la empresa estatal se incluyera la participación de los ayllus, ingresando los comunarios de la zona de acuerdo con las necesidades laborales de la COMIBOL. De esta forma, hasta mediados de octubre prosiguieron las pugnas violentas con heridos entre comunarios del lugar y ex socios cooperativistas y campesinos que apoyaban la presencia de la multinacional canadiense; esto condujo a que Evo decidiera otorgar una custodia militar a la reserva. Sin embargo, tras varios años de litigios internacionales, se logró que el Estado se hiciera cargo de ese centro minero.[x]

En cuanto a la central obrera, en enero de 2012 se llevó a cabo en Tarija su XV Congreso Ordinario. Dicho encuentro eligió un nuevo Comité Ejecutivo liderado por el exminero de Huanuni Juan Carlos Trujillo. En el evento se criticó la relación que mantuvo la anterior dirección cobista con el MAS; no obstante, a los pocos meses de iniciada la nueva gestión se reiteraron similares prácticas negociadoras con el gobierno como se evidenció con los magros acuerdos salariales de ese año.[xi]

Sin embargo, ese escenario cambió cuando en mayo de 2013 el movimiento obrero mantuvo un importante conflicto bajo la égida de Trujillo. El mismo se originó en torno a la postura del gobierno de mantener el sistema de pensión privado diseñado por el expresidente Gonzalo Sánchez de Losada. Frente a ello, la COB demandó una mejora sustancial de la renta recibida junto con la posibilidad de corregir algunos artículos de la Ley N° 165 (Mendoza-Botelho, 2014).

Durante las dos semanas que se mantuvieron los enfrentamientos se produjeron cerca de cuarenta puntos de bloqueos en rutas y calles, movilizaciones masivas en cada uno de los departamentos del país, huelgas de docentes, los trabajadores del área de la salud, los mineros y los operarios fabriles. Entre algunas de las acciones efectuadas, se destacó el sitio en torno a la Plaza Murillo, en La Paz, protagonizado por cuatro mil mineros provenientes de Huanuni.

Ante el desarrollo de esas medidas de fuerza el Poder Ejecutivo declaró ilegal la protesta, dispuso la detención de cerca de cuatrocientos trabajadores, reprimió en la localidad de Parotani a los asalariados fabriles y a los mineros en el punto de bloqueo de Caihuasi. En este último sitio, frente al brutal accionar policial que provocó una decena de obreros heridos de bala y de cien detenidos, los trabajadores del subsuelo dinamitaron el puente. Al igual que en otros conflictos, Morales y su vicepresidente descalificaron la puja gremial acusando a los dirigentes sindicales como “golpistas”, a la vez que convocaron a algunos de sus grupos afines a movilizarse contra los huelguistas.[xii]

Tras dieciséis días de paro y luego de varias reuniones mantenidas con emisarios del gobierno, la dirigencia de la COB redujo el monto de los haberes originalmente solicitados a la par que acordó un cuarto intermedio de negociación con las autoridades ministeriales. Por otra parte, como consecuencia de la protesta, Evo mandó a procesar a veintidós mineros acusados por la voladura del puente de Caihuasi, impulsó la revisión de las cuentas de la Empresa Minera Huanuni y sugirió la posibilidad de que esta última compañía se pudiera volver a convertir en una cooperativa.[xiii]

A partir de ese último conflicto, los líderes de la COB durante el 2013 emprendieron una serie de actitudes oscilantes en su accionar público. En breves palabras, a comienzos de ese año habían manifestado en una Conferencia en Cochabamba la intención de crear, a partir de la central sindical, un Instrumento Político de los Trabajadores. En ese sentido, el encuentro con la participación de más de quinientos cincuenta asistentes aprobó -en líneas generales- una declaración de principios, un programa de gobierno y un estatuto de partido.[xiv] Sin embargo, la dirigencia laboral terminó en el mes de noviembre acercándose a Morales. De ese modo, hizo un ampliado nacional de la organización para aprobar una nueva alianza con Evo, respaldando su candidatura para las elecciones del 2014, transfiriendo a un lejano olvido la posibilidad de construir un partido de trabajadores.[xv]

Pese a que esta última decisión generó una sinnúmero de cuestionamientos por parte de las centrales obreras departamentales de Chuquisaca, Oruro, Beni, Potosí y la federación de fabriles de La Paz, en el transcurso del 2014 hubo un total realineamiento bajo la égida de Trujillo (Aillón et al., 2015). Para la cúpula sindical el apoyo a Morales se dio a partir de la “necesidad de lograr mayores espacios de poder en la estructura del Estado” buscando la posibilidad de tener representantes en la nueva Asamblea Legislativa.[xvi] Este acercamiento se reafirmó a través de diversos hechos. Por ejemplo, se evidenció en el discurso pronunciado por Trujillo durante la celebración del Primero de Mayo cuando destacó que había que defender el denominado Proceso de Cambio, a la vez que demandó a sus bases la necesidad de garantizar su continuidad.[xvii]

En contrapartida a este apoyo y como forma de consolidar la alianza con la COB, Morales entregó para esa fecha un hotel con un equipamiento completo para albergar a noventa personas y dieciséis vehículos por un valor superior al millón de dólares.[xviii] En idéntico sentido, en señal de agradecimiento, además de llamar a respaldar la candidatura presidencial, la entidad obrera decidió que cada afiliado de la organización aporte con diez bolivianos para la campaña electoral. En ese escenario, sin ningún tipo de medida de fuerza que le precediera, la dirigencia sindical acordó un magro aumento al salario básico del 10% y al Salario Mínimo Nacional del 20%.[xix]

3. La conflictividad laboral durante la tercera presidencia

A pesar de que no había pasado ocho meses de haber asumido la tercera presidencia, en septiembre de 2015, Morales instaló la idea de presentarse para un nuevo mandato electoral a partir de 2020. Corresponde observar que esta iniciativa estuvo acompañada por Guido Mitma, quien por entonces ejercía el cargo de Secretario Ejecutivo de la COB, tras su designación en enero de 2016. Más aún, la central sindical como el resto de la CONALCAM escoltó a Evo en la campaña a favor del Sí en el referéndum del 21 de febrero para reformar la Constitución y permitir que se presente en los comicios del 2019.

Sin embargo, la sintonía entre la dirigencia laboral y el presidente duró poco tiempo. El hecho que precipitó la ruptura fue una serie de medidas de fuerza que llevó a cabo la federación de obreros fabriles tras el cierre de la Empresa Pública Nacional Estratégica de Textiles (ENATEX) en donde se despidió a cerca de un millar de trabajadores.[xx] De ese modo, luego de varios años de calma, la central laboral efectuó tres paros nacionales: de 24, 48 y 72 horas. Durante esas jornadas, la COB llevó a cabo movilizaciones en cinco departamentos: La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre y Potosí.Como consecuencia, hubo enfrentamientos con la policía en la que dejaron un saldo de 21 detenidos y 12 heridos.[xxi]

A la par que transcurría ese conflicto, las entidades laborales comenzaron a dividirse frente a la nueva postulación electoral de Morales. Por un lado, Mitma junto con los trabajadores fabriles y diversos sindicatos adoptaron la postura de no apoyar la candidatura presidencial. Por el contrario, los mineros, los petroleros junto con la CONALCAM se abocaron a desconocer la derrota del referéndum, sumándose a la propuesta oficialista. En ese escenario, durante el año 2017, la COB convocó a una serie de medidas de fuerza en pos de mejoras salariales y en apoyo a los trabajadores de la Caja de la Salud, entre otras demandas. De todas esas protestas, sobresalió la realización de un paro general de 48 horas con movilización en el mes de febrero en rechazo a la decisión del gobierno de mantener en su cargo al gerente general de la Caja Nacional de Salud, en oposición a la decisión gubernamental de destinar U$D 150 millones del Fondo de Pensiones a un fondo de crédito para el agro y por la reactivación de la carta de preaviso que estaban aplicando los empresarios como mecanismo de despido.[xxii]

En forma paralela a las presiones de la central sindical, durante los meses de marzo y abril se desarrolló un importante enfrentamiento de los maestros urbanos y rurales en reclamo de un amplio pliego de peticiones. En esa protesta, entre otras cuestiones, solicitaron respetar el escalafón de los docentes, un incremento salarial de acuerdo con la canasta familiar, mejora en la calidad educativa y que el gobierno jubile a los maestros con el 100% de los salarios percibidos.

Como forma de difundir sus reclamos, los docentes agrupados en la Confederación Nacional de Educación Urbana efectuaron una marcha desde Caracollo (Oruro) hacia La Paz, a 172 kilómetros de distancia, exigiendo que el ministro de Educación, Roberto Aguilar, atendiera sus peticiones. Adoptando la decisión de no suspender las clases, en la movilización participaron dos profesores por cada unidad educativa de todo el país. De ese modo, ocuparon un carril de la carretera interdepartamental entre La Paz y Oruro, en donde más de mil docentes marcharon ondeando banderas y cantando estribillos. Cabe indicar que esta manifestación fue duramente cuestionada. Por un lado, Mitma consideró que no correspondía efectuar medidas de fuerza en el marco de las negociaciones salariales que venía desarrollando y dialogando con el gobierno. Por su parte, el presidente Morales, la descalificó indicando que eran “trotskistas” que impugnaban su gobierno.[xxiii] Tras la marcha, el magisterio urbano efectuó un paro con movilización de 24 horas y otro de 48 horas en reclamo del mencionado pliego. A pesar de esas acciones, los sindicatos docentes quedaron aislados, en tanto la central madre prosiguió con sus negociaciones con el gobierno.[xxiv]

En lo que respecta a las discusiones anuales salariales, tras instalarse una mesa de diálogo con el gabinete presidencial en el mes de abril, la COB aceptó un incremento de 10,8% al salario mínimo nacional y de 7% al haber básico para ese 2017, lo que representó una modificación a la oferta que efectuó el primer mandatario. Valga recordar, que en forma inicial, el Poder Ejecutivo planteó un incremento en el mínimo nacional de 6% y de 5% al básico, lo que fue rechazado en su oportunidad por Mitma.[xxv]

En la segunda mitad del año, las principales protestas fueron la de los empleados de la Empresa de Correos Bolivia (Ecobol) por la demora en el pago de sus salarios adeudados y la de los petroleros en contra del despido de doscientos trabajadores en la empresa estatal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.[xxvi] Por su parte, la COB hizo un masivo paro movilizado de 24 horas a nivel nacional el día 12 de julio en rechazo al incremento del 3% en las tarifas de electricidad y en contra de la limitación del derecho a la huelga de los médicos (Cf. CEDLA, 2017).[xxvii]

En forma paralela a esas medidas de fuerza, Mitma se pronunció en reiteradas ocasiones en la necesidad de rechazar una nueva postulación de Morales como presidente para las elecciones de 2019. Como consecuencia, desde distintos sectores de la central sindical como el dirigente de la FSTMB Orlando Gutiérrez y desde el gobierno, como el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales Alfredo Rada, criticaron duramente las opiniones del Secretario Ejecutivo de la entidad obrera.[xxviii]

En ese marco de presiones contra la postura contraria a la reelección presidencial, distintas entidades oficialistas dentro de la CONALCAM y algunas organizaciones obreras atacaron un plenario de la COB encabezado por Mitma en enero de 2018; frente a ello, la central sindical efectuó un nuevo paro nacional el primero de febrero en repudio a esas agresiones y en contra de la injerencia del MAS en las entidades laborales.[xxix] Sin embargo, el intento de mantener la prescindencia política frente al gobierno fracasaron. Semanas más tarde, el XVII Congreso de la COB, en Santa Cruz, designó a Juan Carlos Huarachi como nuevo Secretario Ejecutivo. De acuerdo con distintos observadores el mencionado encuentro sindical se encontró viciado por la irregular elección del Comité Ejecutivo Nacional, en donde el MAS desempeñó un papel determinante para imponer su candidato y su orientación política (Cf. CEDLA, 2018).[xxx]

A partir de ese momento, la dirigencia cobista se sumó sin vacilación a la campaña presidencial; como resultado de ello, el jefe de Estado regaló diez vehículos, varias computadoras y comprometió una nueva sede sindical a los obreros. Cabe recordar que desde 2014, según los registros del Sistema de contrataciones estatales (Sicoes), el Ministerio de la Presidencia erogó 22.770.788 bolivianos de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) para la construcción de cinco sedes regionales de la COB en Beni, Santa Cruz, Tarija, Bermejo y Oruro; a eso se sumó la donación de la sede central en La Paz.[xxxi] En correspondencia a este vínculo, la cúpula de la entidad obrera planteó la necesidad de aportar entre el 1% y el 3% del salario para financiar la campaña de sus cincuenta y cuatro candidatos a diputados y senadores que se encontraban en las listas del MAS.[xxxii]

4. Algunas características de los conflictos y su resolución por parte del gobierno

En el presente apartado se intenta observar algunas de las principales características que adoptaron las medidas de fuerza y las formas que en términos globales ha asumido el gobierno para intervenir en los mismos. En cierta forma, las presidencias del MAS se insertan en una larga tradición de disputa en el espacio público, sobre todo, en las calles se han expresado los principales antagonismos de clase (Rojas, 2012).

En primera instancia, según los registros periodísticos empleados en la presente investigación, la mayor parte de las medidas de fuerza las desplegaron los propios votantes del MAS. En cuanto al tipo de enfrentamiento desarrollado se caracterizaron por paros activos con movilización a las sedes de los gobiernos comunal, departamental y nacional. Algunas protestas, como las disputas por las vetas mineras, se hicieron con ocupación de yacimientos y tomas de rehenes. En varias ocasiones estas pugnas se desarrollaron en forma violenta.

En lo que respecta a los reclamos planteados se pueden calificar, a grandes rasgos, de dos formas. Primero, en los centros mineros, estos emergieron como consecuencia de problemas locales con las autoridades nacionales; en este sentido, las demandas se hicieron contra el Poder Ejecutivo por el incumplimiento de las propias leyes que impulsó, ya sea porque violaron los derechos constitucionales de los indígenas tanto en la preservación de las denominadas áreas ambientales protegidas como por los acuerdos firmados en torno a las concesiones de yacimientos. Segundo, en otras circunstancias, estos se originaron por contiendas estrictamente económicas, como fueron las protestas contra el alza de los combustibles, el pedido de incremento salarial, la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo y el acceso a nuevos puestos de empleo.

Corresponde observar que hubo un significativo número de conflictos que tuvieron como protagonista a la propia clase trabajadora en demanda de aumentos de haberes. De esta manera, durante los meses de marzo a mayo de cada año se efectuaron reiteradas protestas con masivas movilizaciones callejeras (algunas de ellas, con fuertes enfrentamientos contra las fuerzas de seguridad) que intentaron quebrar y superar el incremento salarial anual ofrecido por el gobierno. En esa puja, el criterio que orientó al presidente fue el de preservar el equilibrio de las cuentas públicas fiscales; por ende, siempre dispuso que las subas concedidas no superasen los índices inflacionarios.

En la mayoría de los conflictos analizados se observa que estos se iniciaron sin instancia previa de conversación. Si bien de acuerdo con la lectura de la prensa diaria, se puede advertir la existencia de antecedentes en los reclamos, los sectores afectados optaron por la movilización y el propio enfrentamiento antes que la búsqueda de un entendimiento con las autoridades. De este modo, se desplegó una lógica donde primó la fuerza de la presión y luego la negociación. Por otro lado, el desenvolvimiento de este accionar les facilitó a los sectores movilizados el posicionamiento en forma rápida de sus reclamos en la agenda política y mediática. En cierta manera este comportamiento no es nuevo, sino que hunde sus raíces en una tradición sindical de larga trayectoria en Bolivia (Campero, 2017).

La reacción del gobierno frente a estos reclamos ha transitado por un sendero idéntico en casi todas las ocasiones. A grandes rasgos, sus respuestas se caracterizaron por dejar que las protestas se diluyeran o se resolvieran en el ámbito de las autoridades locales. Cuando superaron esa instancia, se las descalificó y se las hostigó con argumentos de que las mismas fueron originadas por intereses espurios, ajenos a los reales problemas de los grupos afectados. Como una manera de justificar los problemas existentes, García Linera (2011) observó que estos inconvenientes eran propios del momento en que se encontraba transitando el denominado Proceso de Cambio, ya que significaba la presencia de “tensiones creativas” en el interior del bloque popular.

De manera simultánea, el primer magistrado recurrió al auxilio de sus círculos de apoyo más cercanos y directos, para que efectúen convocatorias paralelas en solidaridad con su gestión. Llegado a ese plano de confrontación, en no pocas ocasiones el gobierno también apeló a la represión provocando heridos y muertos. La falta de una instancia previa de negociación, la beligerancia discursiva empleada contra los opositores que se movilizaron y el llamamiento a sectores cercanos del Poder Ejecutivo para que confronten con los manifestantes, condujo a transitar un sendero de violencia. Al respecto, los ejemplos de Huanuni, en el primer mandato, y los de Mallku Khota y Colquiri, en el segundo, son elocuentes.[xxxiii] Alcanzada esa instancia, el presidente diluyó la protesta interviniendo en forma personal y, en general, cediendo total o parcialmente en las posturas que motivaron los reclamos. Asimismo, en numerosas ocasiones, intentó integrar a los opositores en el aparato del estado. De esta forma, el gobierno en la mayoría de las circunstancias intervino en forma tardía, modificando sus planes e intereses originales.

A pesar de que muchas medidas de fuerza presentaron un elevado índice de radicalización y que, a través de su propia dinámica, se desarrollaron hechos de violencia, es necesario señalar que esto no significó una impugnación al sistema democrático ni se puso en riesgo la gobernabilidad del país.

5. Conclusiones

El presente artículo buscó analizar y reflexionar sobre una serie de horizontes conflictivos que se plantearon durante las tres presidencias del MAS. Aunque numerosos enfrentamientos se caracterizaron por poseer inusitados niveles de violencia, en particular, por la represión ejercida desde las autoridades, los sectores sociales que se manifestaron lograron acceder a sus objetivos por la fuerza de su movilización y su capacidad de presión. Por su parte, Morales demostró su pragmatismo como antiguo líder sindical, en donde se acomodó frente a los reclamos de sus bases en el marco de una lógica caracterizada por la tensión, la negociación y la integración al Estado. De este modo, se vio obligado (en reiteradas oportunidades) a aceptar alguna demanda pidiendo como prenda de cambio la finalización de las medidas de fuerza. Esto no impidió que, en ciertas ocasiones, los haya denunciado como producto de una conspiración motorizada por grupos políticos opositores con el fin de derrocar al gobierno.

En cuanto a la COB, es evidente que cambió tras el proceso de restructuración capitalista que experimentó Bolivia tras la aplicación de las medidas neoliberales en 1985. El impacto que sufrió la clase obrera, en particular con los despidos en la minería estatal, incidió en su accionar y presencia en el conjunto de la sociedad. Sin embargo, la entidad laboral continuó ejerciendo una práctica cercana al sindicalismo de presión y de negociación y, sobre todo, mantuvo su vigencia en cuanto a guiar no sólo a los trabajadores asalariados sino también a organizaciones que no pertenecen al mundo del trabajo, como las juntas de vecinos, los agrupamientos estudiantiles, etcétera. De esta manera, aunque con un efecto societal menor, la entidad madre siguió planteando la política en las calles a través de asambleas, bloqueos de caminos, manifestaciones al ritmo de palos y de cachorros de dinamitas.

En ese contexto se entiende el comportamiento de la dirigencia gremial durante las tres presidencias de Morales. Los hombres que conducen la entidad fueron conscientes del nuevo panorama (sobre todo de sus límites) que se abrió bajo la gestión del mandatario indígena. En términos generales, la central continuó teniendo una impronta débil como consecuencia de los cambios en el mundo laboral y, a su vez, por haberse transformado en un actor que se encontró en abierta competencia con otros sectores sociales (como los cocaleros) que venían aumentando su presencia por las luchas de los años anteriores.

Dentro de ese escenario, la dirigencia laboral fue adquiriendo una postura de mayor acercamiento; a pesar de que en ciertas ocasiones tuvo posiciones críticas frente a Evo, nunca llegó a romper radicalmente con el gobierno. Más aún, las únicas circunstancias que lo llevaron a enfrentarlo fue cuando las bases obreras salieron a cuestionar duramente al primer mandatario. De ese modo, analizado en una perspectiva general, la COB privilegió la instancia de negociación frente a otros caminos que pudo haber seguido. Por otro lado, tampoco fue extraño su comportamiento si uno tiene en cuenta la larga tradición cobista de que en determinadas circunstancias recurre a su prescindencia política en función de respetar la histórica “independencia de clase”.

Por su parte, si bien el gobierno tuvo el respaldo de otras bases sociales, en todo momento buscó acordar con la dirigencia cobista con el objetivo de hacerlos partícipes en su política de gobierno. A tal fin Morales, al igual que hizo con los otros actores que conformaron la CONALCAM, no dudó en otorgar a sus aliados toda una serie de beneficios materiales por medio de diversas obras. De esta manera, en el transcurso de esos años se fue tejiendo una relación muy estrecha con la COB, más allá de quien estuviese a la cabeza de la entidad laboral.

En otro orden de cuestiones, fue evidente que los afables vínculos mantenidos entre Morales y los jerarcas sindicales no reflejaron fielmente el sentir del conjunto de las entidades de base. Así lo reflejaron tanto los innumerables conflictos que emergieron por fuera de la voluntad de la dirigencia como la abierta intervención del partido oficial en la elección de Huarachi como Secretario Ejecutivo.

En cierta forma, siguiendo el pensamiento de Gramsci, las presidencias del MAS desmovilizaron a la clase obrera y a otros sectores populares, cooptando al aparato del Estado a numerosos dirigentes sociales.

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Notas 

[i] Cabe recordar que esa coyuntura estuvo enmarcada por un momento de alta tensión cuando el día 11 de septiembre se produjo la masacre de más de veinte campesinos en Pando ordenada desde la prefectura local. La Razón, 12 de septiembre de 2008.

[ii] El cuestionamiento al anteproyecto fundamentalmente se centró en que el mismo limitaba el derecho de huelga, reglamentando los pasos a seguir antes y después de declarada la medida de fuerza (Cf. CEDLA, 2010).

[iii] Véase El Deber, La Prensa y La Razón, mayo de 2010. Durante la jornada en que se estaba negociando con el gobierno hubo una agria disputa contra la dirigencia sindical. De acuerdo con un cronista: “la tensión subió porque los dos bandos enfrentados se llegaron a arrojar piedras. Fue en ese instante que Montes y las autoridades del Ejecutivo salieron del aula escoltados por mineros y huyeron en vehículos”. La Razón, 12 de mayo de 2010.

[iv] Declaración en La Razón, 1 de enero de 2011.

[v] La Razón, 19 de febrero de 2011.

[vi] Todas las protestas y las negociaciones se encuentran detalladas en El Deber, La Razón, La Prensa, Página Siete y Los Tiempos, febrero a mayo de 2011.

[vii] La Prensa, 12 de septiembre de 2011.

[viii] La Razón, 9 de junio de 2012.

[ix] Luego de suscribir el acuerdo, el primer mandatario reconoció su “error” por “no convocar” en forma inmediata a los comunarios de la región para resolver el problema, y por ello, ofreció sus disculpas. La Razón y Página Siete, 11 de julio de 2012.

[x] Página Siete, 3 de diciembre de 2018.

[xi] Esta negociación se dio a pesar de las numerosas protestas que se dieron a favor de un importante incremento salarial. Información extraída de La Razón, La Prensa, Página Siete y Los Tiempos, mayo de 2012.

[xii] La Razón, 16 de mayo de 2013.

[xiii] Una crónica detallada en La Razón, La Prensa, Página Siete y Los Tiempos, mayo a septiembre de 2013.

[xiv] La Razón, 18 de enero de 2013.

[xv] La Razón, 22 y 23 de noviembre de 2013.

[xvi] Página Siete, 30 de noviembre y 3 de diciembre de 2013.

[xvii] En dicha ocasión el referente sindical expresó “esto es unidad, tiene que seguir, no es coyuntural, esto es de carácter indefinido porque es el reencuentro de las clases sociales”. La Razón, 1 de mayo de 2014.

[xviii] En la entrada del hotel se puso un busto del primer mandatario. La Razón, 2 de mayo de 2014.

[xix] Página Siete, 1 de mayo de 2014.

[xx] ENATEX fue creada por el gobierno en 2012 para proteger la industria textil; sin embargo, en mayo de 2016 se decidió cerrarla. El Deber, La Razón, Página Siete y Los Tiempos, mayo a diciembre de 2016.

[xxi] Página Siete, 3 de julio de 2016.

[xxii] La Prensa, 16 de febrero de 2017 y Página Siete, 22 de febrero de 2017.

[xxiii] El Deber, Los Tiempos, Página Siete, La Razón y La Prensa, del 12 de marzo al 22 de marzo de 2017.

[xxiv] La Razón, 24 de marzo de 2017 y Página Siete, 6 de abril de 2017.

[xxv] La Razón, 27 de abril de 2017.

[xxvi] El Deber, La Prensa y Página Siete, julio de 2017.

[xxvii] La Prensa y Página Siete, 12 de julio de 2017.

[xxviii] La Prensa, 27 de septiembre de 2017 y Página Siete, 7 de octubre de 2017.

[xxix] Página Siete, 18 de enero de 2018 y La Prensa, 1 de febrero de 2018.

[xxx] Página Siete y El Deber, 26 de febrero de 2018.

[xxxi] La Prensa, 18 de abril de 2018 y Página Siete, 10 de diciembre de 2018.

[xxxii] En un primer momento, la COB solicitó que Evo fuese acompañado en la fórmula presidencial por un obrero como vice. Sin embargo, ese pedido se diluyó y tan solo propuso sus aspirantes para la Asamblea Legislativa. Página Siete, 10 de diciembre de 2018 y 13 de agosto de 2019.

[xxxiii] Sobre el particular, véase el informe semestral de la Fundación UNIR del primer semestre de 2013 donde se indica un elevado grado de violencia en los enfrentamientos laborales de esos meses (Cf. Fundación UNIR, 2013).