MINGA 8, año 5, semestre II, 2022

Resumen

La crisis política 2019-2020 actualizó un temor popular respecto a la identidad histórica de las Fuerzas Armadas (FFAA) y su vínculo descarnado con el poder. La “sugerencia” de renuncia a Evo Morales, Presidente Constitucional de Bolivia, por parte de Williams Kaliman, Comandante General de las FFAA, fue un punto disonante en la aparente buena relación entre FFAA y el gobierno plurinacional. La mentada “pacificación” del gobierno neoconservador de facto, paso de seguir el recetario de los golpes blandos a ejecutar el terrorismo de Estado contra el bloque popular en Sacaba y Senkata, el 15 y 19 de noviembre de 2019, respectivamente. Policía y FFAA ejecutando el guion de la seguridad nacional al servicio del Estado, en su versión señorial, clasista, racista y religiosa, convirtieron ese temor en certeza.  El giro democrático de octubre de 2020 representa un bálsamo para la triple crisis: política, económica y de salubridad. En este contexto, la reforma de las FFAA aparece como una cuestión necesaria pero compleja. Falta por ver si la gestión estatal de lo urgente no acaba postergando lo importante. En una nueva etapa de pugna política, hacia 2025, entre el movimiento popular plurinacional y el neoconservador; y en que FFAA y armas seguirán siendo un sujeto y objeto de temer y de poder.

Palabras clave: Estado Plurinacional de Bolivia, Fuerzas Armadas, golpe de estado, movimiento popular, neoconservadurismo

Abstract

The 2019-2020 political crisis updated a popular fear regarding the historical identity of the Armed Forces (FFAA) and its stark link to power. The «suggestion» of resignation to Evo Morales, Constitutional President of Bolivia, by Williams Kaliman, General Commander of the Armed Forces, was a dissonant point in the apparent good relationship between the Armed Forces and the plurinational government. The so-called «pacification» of the de facto neoconservative government, went from following the recipe of soft coups to executing State terrorism against the popular bloc in Sacaba and Senkata, on November 15 and 19, 2019, respectively. Police and Armed Forces executing the script of national security at the service of the State, in its stately, classist, racist and religious version, turned that fear into certainty.  The democratic turn of October 2020 represents a balm for the triple crisis: political, economic and health. In this context, the reform of the Armed Forces appears as a necessary but complex issue. It remains to be seen whether the state management of the urgent does not end up postponing the important. In a new stage of political struggle, towards 2025, between the plurinational popular movement and the neoconservative movement; and in which the Armed Forces and weapons will continue to be a subject and object of fear and power.

Key words: Plurinational State of Bolivia, Armed Forces, coup d’état, popular movement, neoconservatism

Introducción

El objetivo de este ensayo es caracterizar el proceso de relacionamiento de las FFAA con el gobierno durante las primeras dos décadas del siglo XXI. Se parte del supuesto de que las armas del ejército son una condición material determinante del proceso de reproducción de la democracia tradicional que impide el avance de la transformación del Estado en una perspectiva popular plurinacional. En tal sentido, las particularidades identitarias de las FFAA y su proceso histórico particular caracterizan las contradicciones vinculadas a las posibilidades de cambio de la formación social boliviana desde su fundación. Al respecto de este proceso dialéctico, Marx plantea que: «en la historia del ejército se resume, con una admisible claridad, toda la historia de la sociedad civil» (citado en Domich, 1997: 21).

Este trabajo[i] se organiza en cuatro secciones. La primera esboza el perfil identitario de las FFAA bolivianas en perspectiva histórica. La segunda presenta los rasgos del relacionamiento entre FFAA y el gobierno de Evo Morales y el Movimiento al socialismo, instrumento para la soberanía de los pueblos (MAS-IPSP) entre 2006 y 2019. La tercera sección aborda el papel de las FFAA en el golpe de estado de 2019 y la relación con el gobierno irregular encabezado por Jeanine Áñez en 2020. Una cuarta sección propone una valoración del nuevo gobierno del MAS-IPSP y sus retos, entre ellos la relación con el ejército y su reforma, hacia el bicentenario del Estado Plurinacional de Bolivia.

1. Antecedentes: identidad del ejército boliviano

Los ejércitos del continente datan su creación hacia principios del siglo XIX a objeto de consolidar los procesos revolucionarios de independencia, la fundación y organización de las novísimos estados-nación. Desde entonces, a la par del proceso histórico social, se han adaptado a las transformaciones del estado y la dirección del mismo por ideas y acciones de circunstanciales grupos en el poder o su lucha por el mismo. Esto es que, operan en pensamiento y acción, unas veces como elemento del aparato de poder que sigue lineamientos institucionales y otras de manera autónoma convirtiéndose en sujetos políticos de clase.

Estas cualidades contradictorias, perfilan la identidad ideológica y política de las FFAA bolivianas. Perfil que emerge en el proceso social de forma materialmente violenta o simbólica. A veces es convocado de manera inconsciente y otras de forma explícita. Manifiesta pugnas internas o su vinculación con factores externos, estado y fuerzas ajenas a la nación.

Cuatro situaciones históricas del ejército boliviano permiten caracterizar con mayor profundidad la identidad de este aparato del estado: i) el carácter reaccionario de su constitución; ii) el surgimiento y aplastamiento de posiciones nacionalistas “socialistas” en su seno; iii) su vinculación con el imperialismo sustentado en el adoctrinamiento y la técnica de represión; iv) protagonismo constante.

El carácter reaccionario, se refiere a que, a partir de la constitución de un ejército de base heterogénea en su composición radicaría una predisposición del mismo a apoyar la creación de una nación a la medida de la clase social conservadora fundada en la dominación colonial antes de agosto de 1825. Es decir, la articulación funcional de desertores españoles, criollos e indígenas para la reproducción de una organización societal etnoclasista colonial-republicana.

Esto es que, por un lado, tras la derrota definitiva del ejército realista en la batalla de Ayacucho en diciembre de 1824 y el asesinato de Pedro Antonio Olañeta por sus propias tropas (Vargas, 2007: 60-61) se producirá una “deserción póstuma del régimen español” que alimentará al ejército altoperuano (Arze, 1997: 10-11). Por otro lado, que el proceso de organización política y económica de la nueva república manifestaba una división y enfrentamiento entre fracciones de clase dirigente y dominante cuyas posiciones expresaban, una perspectiva ilustrada propia del proyecto burgués de avanzada traído de Europa frente a una visión defensora de los privilegios de hacendados terratenientes (incluyendo la iglesia), mineros y comerciantes nobles (Domich, 1997: 89-93).

La victoria de la segunda fracción, a contracorriente de la incorporación constitucional de los preceptos de libertad, igualdad y fraternidad, provoca un aproximación de facto del ejército a esta concepción de la nación, una visión nacionalista conservadora y reactiva a la transformación de las estructuras de dominación colonial.

El surgimiento de posiciones nacionalistas orientadas al “socialismo” emerge de la combinación embrionaria de dos procesos en los años anteriores a 1932: el influjo, desde Europa, de un sistema ideológico y formas de organización política que cuestionaban las estructuras dominantes, y; el desencanto popular (obreros, campesinos e indígenas) y de fracciones de las FFAA por el uso de la guerra del Chaco (1932-1935) como medio para controlar la movilización social y la demanda de cambio interno.

Un momento determinante de esta combinación se produce en mayo de 1936 con el golpe de estado de los coroneles David Toro y Germán Bush. Al respecto, Toro propone que esta toma del poder resultó de una gestación laboriosa con el consenso unánime del ejército y concordante con la ideología de los partidos de izquierda a favor de la implantación del socialismo de Estado (citado en Domich, 1997: 160-161). Esta articulación se enfrentará durante los siguientes años a los intentos de restauración de las élites oligárquicas y su articulación con fracciones del ejército funcionales. Paradigmático de este enfrentamiento es el misterioso deceso de Bush en 1939 luego de conseguir aprobar la primera Constitución Política de carácter social (1938) entre otras medidas de corte nacionalista progresista (nacionalización del Banco Central, del estaño, hidrocarburos; aprobación del primer Código del trabajo y de educación; creación del Banco Minero, otros).

Otra circunstancia importante de cuestionamiento al carácter reactivo de las FFAA se producirá durante el proceso de la Revolución de 1952, cuando su dirigencia puso en vilo la continuidad del ejército. Al respecto decía Paz Estenssoro: “No nos detendremos en sustituir el viejo Ejército, parasitario y opresor, con un nuevo Ejército, identificado con el Pueblo y que forme parte del esfuerzo productivo de la Nación entera” (citado en Prado, 1987: 31).

A pesar de su cuestionado perfil, las FFAA pudieron reconfigurarse durante las décadas de 1950 a 1980 a la par de la reorganización de la relación de la burguesía oligárquica nacional con las dinámicas geopolíticas a nivel mundial producto de la “guerra fría”. Esta reconfiguración se efectuó siguiendo el programa ideológico, político y militar del imperialismo estadounidense, cuyo objetivo sería el aplastamiento de las revoluciones socialistas-comunistas.

La relación de FFAA con el imperialismo tiene como situación paradigmática la adopción de la “doctrina de la seguridad nacional” por las FFAAA como justificación de control del Estado para garantizar la seguridad de la sociedad. Esta doctrina de control, se justifica necesaria sobre el supuesto de que ofrecer seguridad a la sociedad significa combatir el comunismo y todo tipo de subversión que intente transformar el orden capitalista (Cano, Torres y Rodríguez, 2020: 218).

El Tratado interamericano de asistencia recíproca (TIAR, 1947) y la Organización de Estados Americanos (OEA, 1948), generaron las condiciones jurídico políticas institucionales, a la vez que la Escuela de las Américas -primero en Estados Unidos, luego Panamá, y finalmente Georgia, Estados Unidos-, se constituyó en el centro de irradiación de la doctrina militar de la seguridad nacional. El ejemplo más importante de articulación de los principios doctrinarios de uso de la fuerza es el “Plan Cóndor” entre 1975 y 1983. Según este instrumento, los medios usados por el ejército: espionaje, tortura, golpe de estado -el “terrorismo de estado”-, son parte de un sistema de acción política nacional y de alcance continental que “logra no solo identificar y destruir al enemigo actual, y disuadir a los enemigos potenciales, sino convencer al ciudadano común de que su seguridad personal es función inevitable y obligada de su incondicionalidad frente al régimen” (Tapia, 1988: 249).

En los años siguientes hasta 2005, siguiendo con  la doctrina de seguridad interna, los gobiernos democráticos darán continuidad a la neutralización de los movimientos de protesta social contrarios a las reformas estructurales neoliberales promocionadas por Estados Unidos y sus aliados. Esta constante ideológica del gobierno se orientó a lograr el apoyo de las fuerzas represivas sin operar reformas estructurales en ellas. Sino a costa de ellas, dado que en la práctica el ejército fue marginado del proceso de modernización estatal (Quintana, 2004).

La presencia constante de miembros de las FFAA en el proceso histórico obedece a dos cualidades que atraviesan a los elementos anteriores y que se fortalecen primero, en el proceso de adoctrinamiento interno, por su relación con el imperialismo y que va más allá de las atribuciones constitucionales del ejército: la autoconcepción institucional como “factor de poder moderador y de contribución a la grandeza nacional” (Prado, 1987: 517). Segundo, por su constitución de aparato de la estructura burocrática estatal con amplios márgenes de autonomía de gestión: del que emerge la corrupción para satisfacer las ambiciones económicas y políticas de fracciones internas.

Estas cualidades, expresada en la implicación de las FFAA en la disputa del poder estatal o de la disputa con la policía del monopolio de la fuerza, se debería según Quintana (2004) a la “débil construcción [histórica] del estado boliviano cuya cohesión interna tiene como denominador común el uso continuo de la fuerza pública más que otras formas de legitimación del poder político. Este hecho permitió que la burocracia armada ocupe un lugar central en el ejercicio de dicho poder”. En esta dirección, siguiendo a Quintana (en Molina, 2018: 121-122), en ausencia de una dirección del poder civil el ejército habría ejercitado una “autonomía de facto”, que si bien puede considerarse como anticonstitucional en el sentido de “derecho de veto”, más bien sería una cuestión positiva, dado que se fundaría en el principio de “Estado es patria”.

Sin embargo, en la práctica, la cooptación del poder político y del aparato estatal, más allá de esta mirada principista se sostuvo en la implicación partidaria y clasista propia de divergencias internas a nivel jerárquico, la ocupación de funciones estatales de acuerdo a intereses de grupo y personales y en dirección opuesta a la especialidad profesional y el campo de acción, el caudillismo aventurero, la ruptura de la moral, la disciplina, los reglamentos institucionales y del marco constitucional nacional (Prado, 1987: 516-517).

2. FFAA y proceso de cambio: 2006-2019

El surgimiento del MAS-IPSP

Los gobiernos neoliberales, entre 1982 y 2005, dejaron el desarrollo nacional sometido a las disposiciones del imperialismo estadounidense. El Consenso de Washington (1989), definía esta agenda neodesarrollista como la reducción necesaria de los estados, profundizaba la dependencia y fragilidad económica de las naciones de la región ante la hegemonía de las empresas transnacionales. A la vez que, a nivel ideológico, resultado de la caída del bloque soviético en 1991, la promocionada era de la globalización se encargaba de proclamar las virtudes definitivas del capitalismo.

Las reformas estructurales neoliberales generaron una estabilidad social y política efímera. Si bien una gran parte de la intelectualidad política partidaria de izquierdas, activa entre 1970 y 1980, abandonó el programa revolucionario y se acomodó a la democracia pactada -siguiendo la idea de que la paz recuperada permitiría la recuperación de los traumas de la dictadura y brindaría estabilidad económica-, esto no sucedió con los afectados en la base del sistema. Mineros y campesinos convertidos en parias urbanos, indígenas instrumentalizados por las reformas legales internacionales, jornaleros, profesionales independientes y dependientes, entre otros, articularán movimientos populares que sin tener cohesión doctrinaria u organización política tradicional generarán focos de resistencia en las calles de la ciudad y los poblados de las zonas rurales. Las guerras de la coca (1990), agua (2000) y gas (2003) son expresiones de esta movilización insurreccional y también de los mecanismos tradicionales y nuevos de represión.

El protagonismo de Evo Morales en guerra de la coca, por su activa dirigencia en la resistencia a la erradicación de la coca en el Chapare, Cochabamba, así como su participación en la Confederación sindical única de trabajadores campesinos de Bolivia (CSUTCB), sirvió de referencia para que el MAS-IPSP (1997), emerja como una alternativa de articulación política de los movimientos campesinos, indígenas y populares urbanos a nivel nacional.

La victoria del MAS-IPSP, en las elecciones de 2005 con un 53,7% de los votos, convirtieron a Morales y Álvaro García Linera[ii] en referencias de un proyecto alternativo de articulación política, nación y desarrollo social, un proceso de cambio de horizonte popular. Si bien la sigla del partido plantea una orientación política socialista, la identidad concreta de este partido, antes, durante y aún en el presente denota una combinación de nacionalismo, antiimperialismo, indigenismo, campesinismo y neodesarrollismo alejados de las formas partidarias tradicionales del socialismo. La idea socialista no cuajó en su gestión, aunque generó condiciones significativas para las clases populares de la ciudad y el campo en sus condiciones de vida: infraestructura social y económica en los 337 municipios (2020); subsidios a niños, madres y ancianos resultante de la redistribución de recursos por renta a los hidrocarburos; avances en la gestión autónoma de regiones con población de predominancia indígena y campesina resultado de la nueva Constitución Política del Estado (CPE) de 2009; entre otros aspectos.

El discurso reformista del gobierno y de las FFAA

En 2004, ante la reciente descalificación popular por la violenta represión en “octubre negro” de 2003[iii], una fracción dirigente de las FFAA manifestó la necesidad de un ajuste institucional. Esta posición, se presentaba como previsora e incluso alentadora de un giro popular del gobierno nacional y de la institución militar. Se caracteriza por la autocrítica, la crítica del proceso neoliberal y de recuperación del nacionalismo revolucionario de la década de 1940: soberanía y restitución del estado como sujeto gravitante en la vida económica, especialmente en la gestión de los recursos naturales (Molina, 2018: 119-122).

Para Juan Ramón Quintana[iv], Ministro de Presidencia del gobierno de Morales entre 2006 y noviembre de 2019, la modernización de las FFAA estaría en función de la elaboración de una política de Defensa Nacional y de Seguridad Pública coherente internamente y recíproca con la política exterior del proceso de cambio. Ésta, demandaría la construcción de un nuevo pacto concertado entre Estado-sociedad-FFAA. Para ello, la institución debería redefinirse a sí (organización, características técnico-científicas, nuevos valores morales, una moderna ética educativa y democrática) y abrirse a la sociedad (acceso a información, participación que privilegie los derechos humanos, control social y transparencia, obediente y no deliberante). Y, de manera complementaria, construir un acuerdo suprapartidario para evitar una gestión contingente y errática de la política.

Estas líneas de reforma del ejército aparecen como una agenda base que se ajusta al discurso de desmontaje del colonialismo, el neoliberalismo y la construcción del Estado Plurinacional para el vivir bien, como un modelo de desarrollo no capitalista.

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2011, la construcción de una “Bolivia digna”, la generación de un nuevo Sistema de Seguridad Civil y de Defensa Nacional, se presenta como instrumentos capaces de garantizar la soberanía, proteger el territorio y su población, defender los recursos naturales de carácter estratégico, puesto que tales condiciones son indispensables para el desarrollo socio económico del país (Ministerio de Planificación del Desarrollo, 2006: 62). Una herramienta que aborda el ajuste de la institucionalidad es el Programa de desarrollo de la nueva identidad nacional de las FFAA. Éste pretende el establecimiento de un nuevo marco normativo y el rediseño del Sistema de Fuerzas: ejército, fuerza naval, fuerza aérea, para fortalecer las capacidades institucionales y consolidar el objetivo de cambio.

Esta vinculación de la política de defensa y seguridad con el proyecto de desarrollo, se basa en nueva institucionalidad de las FFAA ligada al estado plurinacional que se explicita en el Artículo 244 de la nueva CPE (Gaceta Oficial de Bolivia, 2009): “Las Fuerzas Armadas tienen por misión fundamental defender y conservar la independencia, seguridad y estabilidad del Estado, su honor y la soberanía del país; asegurar el imperio de la Constitución, garantizar la estabilidad del Gobierno legalmente constituido, y participar en el desarrollo integral del país”.

Este ajuste institucional establece una Plan de Reforma 2010-2025. El mismo define el periodo de 15 años para internalizar la necesidad de reforma, la discusión pública y la apertura a aportes civiles y militares sobre los componentes esenciales del Sistema y la Doctrina de Seguridad y Defensa del Estado Plurinacional, así como las políticas de defensa, basadas en los principios establecidos por la CPE (Ministerio de Defensa, 2010). Una primera fase se cumpliría hasta 2020 de manera que entonces se inicie una segunda hacia 2025, denominada “generación de la nueva Fuerza” (Infodefensa, 2015).

Los criterios señalados, junto a otros instrumentos normativos y conceptuales del gobierno y las FFAA, se encargaron de perfilar una reforma musculosa en la retórica, más poco efectiva en la práctica. Ya, por las limitaciones internas del propio MAS-IPSP, de la gestión de sus reformas como gobierno nacional, la lucha ideológica y política con la oposición, o de los intereses al interior de las FFAA.

Acciones y reacciones al cambio

Desde 2006, aprovechado la distribución territorial de las FFAA, el gobierno encargó a este aparato la logística de transferencia y distribución periódica de bonos a sectores vulnerables (niños estudiantes, mujeres embarazadas, ancianos). Este ejemplo da cuenta de la relación funcional entre FFAA y estado, por un lado sostiene la idea de cambios en la institución militar de orientación al servicio social y apoyo del gobierno en esa dirección, pero, por otro lado establece los límites de las acciones del cambio estructural, lo que ocasionará tensiones entre ambos procesos.

En 2006, pocos días después de su asunción como presidente, Morales definió un nuevo Alto Mando y ordenó el retiro a reserva activa a 28 militares por su implicación en la entrega de 25 misiles donados por China al ejército estadounidense (Molina, 2018: 124). Entre 2007 y 2008, en consecuencia a la detección de filtración de información por cuadros militares jerárquicos y medios a la embajada de Estados Unidos (Tellería, 2016: 150-161) varios militares fueron dados de baja. Las infidencias de Wilfredo Vargas, Comandante de las FFAA, a esta embajada, sobre el conflicto del gobierno con los cívicos separatistas de la “media luna” (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija)[v] daban la razón a los servicios de inteligencia cubano-venezolanos que advirtieron a Morales y su equipo sobre la necesidad de vigilar a los oficiales de mayor grado de las FFAA[vi] dada su formación doctrinal en la Escuela de las Américas (Romero, 2020).

La determinación inmediata de suspender la capacitación técnica e ideológica de cuadros nacionales en esa escuela, expulsar al embajador de Estados Unidos y a la Administración de Control de Drogas (DEA) (Quintana, 2016: 264), cortó un vínculo de larga data (capacitación técnica e ideológica y económica y relacionamiento político) desplazando a los militares del centro de relacionamiento político y económico respecto a la defensa y seguridad nacional, lo que incrementó el relacionamiento desconfiado entre fracciones internas de las FFAA y el gobierno.

A pesar de la división ideológica y política interna al interior de las FFAA, a favor y contraria al MAS-IPSP, en 2009, siguiendo las disposiciones de la CPE, los uniformes y protocolos militares recibieron ajustes. Incorporaron a la bandera Whipala como símbolo patrio. También se incorporó el lema “Patria o muerte ¡Venceremos!” en reemplazo de “Subordinación y constancia. ¡Viva Bolivia!” (Molina, 2018: 124-125). Esta concesión simbólica, en el fondo no modificó la apreciación que se tenía respecto de Che Guevara y la ideología socialista o de Hugo Chávez y su predisposición a cooperar militarmente a Morales si acaso lo requiriese ante el resurgimiento del separatismo de la Media Luna. Para la tradición militar, tal colaboración se trataría de invasión extrajera al territorio, situación que no está permitida por sus códigos institucionales, al mismo tiempo que se constituye en un atentado al carácter nacionalista y patriótico del ejército.

Frente a las limitantes ideológicas, el gobierno apostó por la creación de la Escuela de instrucción Antiimperialista “Juan José Torres”, en 2016. Ésta tenía el objetivo de reenfocar la doctrina del ejército de una mirada geopolítica pro-estadounidense y nacionalista conservadora, hacia un mirada nacionalista antiimperialista. Se pretendía entonces la reivindicación de los aportes de estrategia militar de personajes locales, Germán Bush, Gualberto Villarroel, el mismo Torres, entre otros. Atilio Borón, ideólogo del gobierno y profesor que inauguró la escuela con el curso sobre “Antiimperialismo” comentaría sobre su experiencia en clase: “En esa oportunidad quedé azorado por el grado de penetración de las más reaccionarias consignas norteamericanas heredadas de la época de la Guerra Fría y por la indisimulada irritación causada por el hecho que un indígena fuese presidente de su país” (Borón, 2019).

En 2017, mediante decreto presidencial se creó la Comisión de la Verdad, con el objetivo de resolver cuestiones pendientes sobre el operar de las FFAA en el periodo de dictaduras militares entre 1964 y 1981, así como esclarecer el destino de los desaparecidos y resarcir económicamente a las familitas de los mismos. Nila Heredia[vii] (2021), encargada de la Comisión, indica que, a pesar de los protocolos de acceso y manejo de información confidencial que mantiene la relación Estado-FFAA, el informe y material anexo de esta comisión fue finalizado antes de que la convulsión poselectoral y el consecuente golpe en 2019 haya limitado el proceso de divulgación de resultados. Cuestión que no parece estar en el horizonte político actual.

Reconocido el peso de las FFAA (Molina, 2018: 127) en la gestión del aparato estatal y la gobernabilidad, otras acciones del gobierno han tratado de generar condiciones favorables para el relacionamiento y el aliento a la reforma de las FFAA. En relación a la agenda de renovación de medios tácticos (aviones, helicópteros, municiones) e infraestructura (cuarteles, capacitación, entrenamiento), durante el periodo 2006-2019, el presupuesto de defensa se incrementó regularmente, hasta 162 puntos porcentuales de 2000 a 2019 en montos totales, debido al porcentaje más o menos constante del gasto público del PIB y el crecimiento positivo del PIB nacional (Véase Cuadro 1). A diferencia del achicamiento del presupuesto durante los gobiernos neoliberales, para Evo Morales y el MAS-IPSP el potenciamiento y la dotación de recursos a las FFAA fue una prioridad.

Cuadro 1. Presupuesto público en FFAA

Fuentes: *Banco Mundial; ** SIPRI 2021

En línea con este apoyo, el gobierno dispuso en 2009 que la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (COFADENA) sea establecida como empresa pública nacional estratégica. Es decir que, no solo se oriente a generar recursos propios prestando servicios al estado sino que también lo haga compitiendo con la empresa privada en varios rubros y llegando a todas las regiones del país con inversiones propias o mixtas. Los fracasos comerciales y de gestión de la Empresa de Construcciones del Ejército (2012)[viii] o la empresa de Transporte Aéreo Militar (TAM), dan cuenta de las limitaciones en dicha tarea.

La continua vinculación con exmilitares, o ex colaboradores del gobierno, también fue una línea de acción importante. Varios militares del sector pasivo se encargaron de la administración de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA). Otros tantos, de representaciones diplomáticas en Asia, Estados Unidos y varios países de la región (Reporteenergía, 2015). 

Las ventajas otorgadas por el gobierno en favor de las FFAA, expresan también el carisma y la predisposición de Evo Morales a colaborar con una institución que según él le habría enseñado a comprender el patriotismo cuando cumpliera el servicio militar en 1978. En su discurso de posesión, Morales propuso que el servicio militar obligatorio debiera ser cumplido por todos los jóvenes, sin importar su estrato social de procedencia o su adscripción étnica, puesto que esta experiencia permitiría participar activamente del desarrollo nacional. Para Morales, esta situación que era altamente valorada por la juventud indígena y campesina, paradójicamente contrastaba con su desconocimiento de generales con apellidos de origen indígena en la institución[ix].

Una situación de abril de 2014 pone en perspectiva esta cualidad estructural discriminatoria de las FFAA. Varios centenares de suboficiales y sus familias se lanzaron a las calles durante varias semanas para clamar por reformas institucionales que eliminen las diferencias al momento de acceder a ascensos que permitan mejores condiciones de estudio y servicios en la institución. De manera complementaria, eliminar el acoso sexual fundado en esta diferenciación (Molina, 2018: 126-127; RTVE, 2014).

Tales diferencias no se deberían exclusivamente a una situación clasista debido al proceso de ingreso diferenciado de suboficiales y sargentos versus los oficiales. Los suboficiales y sargentos reclamaban también discriminación racial y por ello solicitaron al gobierno una Ley modificatoria a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, con la consideración de que ésta sería un paso importante en el proceso de descolonización de la institución.

Pese a la mediación del Ministerio de Defensa, a favor de generar mejoras y brindar garantías a los suboficiales en protesta, el Alto Mando actuó de forma enérgica y dio de baja a 715 de ellos acusando que habían faltado a su fuente laboral y cometieron “sedición, motín, realización de acción política y atentar contra la dignidad y el honor de la institución” (RTVE, 2014). Identificados los cabecillas y dados de baja definitivamente, 630 fueron reinsertados, no sin recibir castigos ejemplares en los cuarteles de origen. “De este modo, los ‘Mamani, Condori o Aima’ en filas de los que hablaba Evo al inicio de su gestión, los indígenas de este ‘ejército popular’ que hasta ahora no ha logrado tener jefes con apellidos claramente indígenas, perdieron la batalla por ‘descolonizar’ las Fuerzas Armadas” (Molina, 2018: 127).

Cuerpo y espíritu conservador de las FFAA

El entuerto de esta última situación no define el relacionamiento entre las FFAA y el gobierno, que fue de acercamiento. Pero permite apreciar que los planteamientos conceptuales de reforma, el lento, disperso avance y la continuidad de formas de concebir, organizar y operar el aparato de las FFAA requeriría de un cambio más agresivo. Más aún si se pone a consideración la participación del Alto Mando en la crisis política de 2019.

Pero ¿Cómo cambiar una estructura si los sujetos que operan la institución gozan de una posición socioeconómica y política de clase históricamente privilegiada, y poseen una ideología conservadora que se renueva continuamente al lidiar con la tradición organizacional militar profunda?

Acá, hay que aclarar, que esta tradición se refiere no solo a rituales, disciplina, moral y valores nacionalistas sino también a la vida cotidiana del militar expuesto a tecnologías e infraestructuras obsoletas o limitadas. En este contexto ¿Cómo no reproducir una mirada limitada de cambio institucional? Es decir, una mirada más allá de la reestructuración como mero mejoramiento de medios tácticos e infraestructura sobre un ideario tradicional.

Frente a este panorama, la implementación de la Escuela Antiimperialista, intentó aplicar tardíamente el modelo venezolano. Su imposición como requisito para que los oficiales puedan ascender en su carrera institucional, al forzar la ideologización no garantiza el resultado efectivo de cuadros para el recambio institucional. Más, si los mismos recursos se insertan a una estructura institucional tradicional. Cuestión que aplica a los limitados avances en la deconstrucción del estado nación colonial-republicano y la construcción del estado plurinacional.

3. Papel de las FFAA en el golpe de estado y el gobierno irregular: 2019-2020

El golpe de 2019 no fue resultado de una situación espontánea, tampoco producto de una insurrección o una contra revolución popular acababa, si no de la acumulación progresiva de contradicciones al interior del gobierno y el MAS-IPSP y entre éstos y las élites de oposición de 2006 a 2019 y de las contradicciones al interior del MAS-IPSP al momento de gestionar el gobierno durante el proceso de desestabilización que culminó con la implantación de un gobierno irregular en noviembre de 2019.

Antecedentes del proceso sedicioso

El ascenso del MAS-IPSP al gobierno en 2006 supuso una ruptura formal con el manejo estatal por la oligarquía minera y agroindustrial neoliberal desde 1985, a favor de una Bolivia manejada por el movimiento campesino-indígena al frente del bloque popular. Y a su vez, con los intereses de las empresas transnacionales amparadas por el imperialismo. La nacionalización de empresas estratégicas (hidrocarburos, telecomunicaciones, energía eléctrica, minería) con capitales locales y transnacionales, junto con la realización de la asamblea constituyente, provocaron una preocupación mayor para los inversionistas y sentaron las bases para la lucha política de la siguiente década y media. Entre el 30 de agosto de 2006 y el 10 de diciembre de 2007, en el marco de gestación de la nueva constitución política se desplegaron varios conflictos violentos que establecieron la nueva fisonomía de los sujetos y territorios en pugna política con el gobierno del MAS-IPSP.

La oligarquía de los gobiernos sub nacionales, las prefecturas, de los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz, Tarija, conformó la “media luna”. Esta organización política-territorial ad hoc tenía como agenda la aprobación de una autonomía departamental en sus propios términos (lo principal: control de hidrocarburos y tierra para evitar la intervención del gobierno o futuras nacionalizaciones) para romper con el gobierno central y el proceso de cambio que éste anunciaba y podría materializarse en el nueva Constitución Política del Estado. Este proyecto rupturista-separatista se perfilaba ya hacia julio de 2004 y contaba con el apoyo de organizaciones que articulaban estratos medios y pequeños de la burguesía con condiciones étnico culturales propias de la vida social urbana: comités cívicos, asociaciones empresariales, organizaciones profesionales, jubilados militares y policías, entre otros sujetos de ideología conservadora.

El proceso creciente de provocaciones de la “media luna” se produjo entre mayo y septiembre[x]. La presión tocó fondo el 11 de septiembre, en el departamento de Pando. Resultado del choque de campesinos y normalistas partidarios del MAS-IPSP con comandos civiles armados en la localidad de el Porvenir, se produjo la baja de al menos 30 personas por heridas de bala, incluyendo personal de la gobernación. A decir de García Linera (2013: 88) los sucesos que proponían la ruptura con el orden constitucional, serían parte de un golpe cívico-prefectural contenido por la articulación de movimientos sociales y FFAA. La represión violenta en Pando, a la vez que exponía la virulencia del movimiento opositor, lo deslegitimó y lo obligó a negociar un acuerdo con el gobierno.

Argirakis (2021), sostiene que, en octubre de 2008, el MAS-IPSP y los terratenientes y agroindustriales parapetados detrás del comité cívico de Santa Cruz acordaron un pacto de cohabitación para generar gobernabilidad. Consecuencia de ello, a nivel político, el MAS-IPSP, se fortalecería en el nivel nacional y dejaría el poder sub nacional en manos de los opositores; y, a nivel económico, el gobierno y oposición se encargarían de cumplir con sus papeles de dinamizadores  del modelo económico mixto que luego se constitucionalizaría en 2009 con la idea de economía plurinacional, capitalismo andino-amazónico o modelo económico social comunitario productivo[xi]. Entre los compromisos del gobierno, en esta línea se habría planteado la continuidad de la subvención del diésel, ampliación de la frontera agrícola, no intervención en propiedad privada de tierras (Argirakis, 2021).

Un momento de desestabilización complementario se vivió en abril de 2009, cuando la inteligencia policial desmanteló un presunto comando mercenario compuesto por seis extranjeros (dos con nacionalidad boliviana) y que tenía el objetivo de atentar con la vida de Morales. El caso conocido como el “asalto al Hotel las Américas” resultó en la muerte de cuatro sujetos y la captura de otros dos. La versión gubernamental argumentaba que los mercenarios recibían financiamiento y ordenes de empresarios y activistas políticos cruceños, incluyendo al gobernador Rubén Costas y el Presidente del Comité Cívico Branco Marinkovic, quién acabaría huyendo hacia el Brasil en 2010[xii]. La versión de la oposición apuntaba al montaje del hecho para desvirtuar a los lideres cruceños.

Durante los siguientes años, el gobierno tuvo un margen amplio para operar reformas políticas y económicas. Luego de ganar por tercera vez las elecciones nacionales en 2015, Morales manifestó el deseo de participar por una cuarta elección en 2019 para completar su plan hacia 2025. Con una organización política incapaz de superar el caudillismo y un exceso de confianza en la hegemonía política del MAS-IPSP sobre la oposición, se habilitó un referéndum de consulta. La modificación de la Constitución Política de 2009 para ese efecto, generó un malestar en la oposición y la derrota de la opción modificatoria de la CPE el 21 de febrero de 2016 fue el punto de inflexión del pacto de 2008.

Según Argirakis (2021) el “21F” resquebrajó este pacto que restringía políticamente y regionalmente a las oligarquías a los gobiernos sub nacionales cediendo el campo de lucha nacional. Los cívicos y empresarios vieron una oportunidad para recuperar protagonismo político y comprendieron que debían de intentar un nuevo asalto al poder nacional: el control del Estado y su hegemonía regional representaría una plataforma integral para apropiarse del excedente y viabilizar reformas para fortalecer su autonomía.

Restauración del “orden democrático”

La estrategia desplegada entre 2016 y 2019 siguió el guion de un golpe suave (Tamayo e Íñiguez, 2020: 39). [i] el ablandamiento: durante la campaña del referendo la oposición desplegó una intensa campaña de desacreditación de Evo Morales fundada en su relación con una empresaria joven, la existencia de un hijo “secreto” entre ambos, tráfico de influencias, entre otros temas. Este episodio, ampliamente explotado por los medios de comunicación de oposición, capturó el morbo y la discriminación clasista, étnica y racial de la pequeña burguesía urbana hacia Morales y el MAS-IPSP. Situación que probablemente influyó en el apretado resultado del referendo[xiii]. El efecto de esta campaña y el resultado desfavorable llevó a Morales a buscar alternativas legales para lograr su cometido.

[ii] deslegitimización: la resolución de habilitación de Morales y García Linera por el Tribunal Constitucional Plurinacional generó el escenario ideal para la consolidación del movimiento “Bolivia dijo NO” (BDN) y una campaña en torno al discurso de: la ilegitimidad de la candidatura y el autoritarismo antidemocrático del gobierno y sus aparatos (justicia y electoral) en los siguientes años;

[iii] calentamiento de la calle: la continuidad de la campaña del movimiento BDN fue plegando plataformas cívicas, gremiales, entre otras, principalmente en los centros urbanos, primero en la fecha 21 de febrero en los años siguientes y en 2019 de manera continua incorporando el discurso del fraude;

[iv] combinación de diversas formas de lucha: durante 2019, aprovechando el año electoral y la cobertura internacional, la campaña se reprodujo de manera intensiva en medios de comunicación, redes sociales y la calle, antes de la elección y después de la elección. La idea del fraude se posicionó como ofensiva ante cualquier escenario que no fuera la segunda vuelta (Stefanoni, 2019).

[v] fractura institucional: los resultados negativos para la oposición y un manejo técnico poco claro de la información en torno al conteo de votos por parte del órgano electoral generó condiciones favorables para pasar de la deslegitimización discursiva a la violencia en la calles. En las siguientes tres semanas se desencadenaron varios procesos: asalto a instituciones; persecución a legisladores y militantes del MAS-IPSP; operación de grupos civiles y paramilitares armados; motín policial a nivel nacional; publicación incompleta e irregular de informe de auditoría de la OEA sobre las elecciones; abstención de las FFAA a intervenir en el resguardo del orden constitucional, y; pronunciamiento del Alto Mando de las FFAA a favor de la renuncia del presidente.

El accionar de policía y FFAA en esta etapa, a decir de Fernando Camacho (2019), empresario y presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, habría sido convenido por su padre José Luís Camacho Parada y militares y policías activos y retirados. Este acuerdo, producto del tráfico de influencias, definía que las fuerzas de represión no intervengan las movilizaciones contra Morales de manera que el movimiento se incremente, la protección del Fernando para encabezar las movilizaciones en la ciudad de La Paz. El enlace para esta operación habría sido el ex militar Fernando López, que después se convertiría en el Ministro de Defensa del gobierno irregular y desde esa posición se encargaría de cumplir los compromisos “cerrados” (La Razón, 2019).

Pese a manifestar su acuerdo a realizar otra elección y recomponer el órgano electoral, el anuncio de las FFAA la tarde del 10 de noviembre supuso la estocada final a Morales. Minutos después renunciaría al cargo, generando un escenario favorable para una irregular sucesión constitucional que completó el golpe de Estado.

La ruptura constitucional provocada por el golpe al ejecutivo fue coronada mediante un “acto sedicioso” (Galindo, 2020b) desarrollado en varias reuniones entre el 10 y el 12 de noviembre, por las cabezas de la coyuntura política y la cooperación de las FFAA y la policía. En plena crisis, en instalaciones de la Universidad Católica Bolivia, Carlos Mesa y Ricardo Paz (CC), Samuel Doria Medina (Unidad Democrática – UD), Oscar Ortiz (senador UD), Rolando Villena (exDefensor del Pueblo), Walter Albarracín (representante Comité nacional de defensa de la democracia – CONADE), Jorge Quiroga (ex Presidente), Jerjes Justiniano (representante Comité Cívico Santa Cruz), Juan Carlos Nuñez (Fundación Jubileo), Adriana Salvatierra (exPresidenta Cámara de Senadores), Teresa Morales (ministra de Desarrollo Productivo) por el MAS-IPSP, más otros representantes de la iglesia, Unión Europea, España y Brasil, definieron una sucesión constitucional fuera de la CPE de 2009 (Galindo, 2020a).

El “lento avance” de las negociaciones, activó el “plan B”[xiv] la tarde esa misma tarde,  Jeanine Áñez, la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, convocó a sesión del senado sin quorum por la ausencia de la bancada del MAS-IPSP (25 en total) pero con apoyo de los senadores de UD (9 al menos), en ella se autonombra como Presidenta del Senado. Inmediatamente activó la Asamblea Legislativa con sus colegas senadores y diputados de UD, autonombrándose presidenta. La argucia legal que sostuvo este proceso fue una interpretación de jurisprudencia por parte del Tribunal Constitucional sobre la Declaración Constitucional 0003/01, de 31 de julio de 2001 (EJU, 2019). Esta Declaración se basaba en la CPE anterior a la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, por lo que su validez es cuestionable debido a que la CPE de 2009 considera un procedimiento de sucesión que no fue aplicado.

La confirmación del proceso sedicioso, fue validado por las FFAA al momento de reconocer a Áñez como presidenta y Capitán general de las FFAA. Esta situación se manifestó simbólicamente, con la imposición de la banda presidencial por parte de Williams Kaliman en uniforme de campaña, la noche del 12 de noviembre.

Este proceso no era imprevisible, 2019 era el año clave para reactivar la confrontación política y violenta por el poder[xv]. Mientras Áñez anunciaba que la biblia y la bandera tricolor y la república de Bolivia habían sido reconquistados por el movimiento cívico, militares en las calles y aviones K8 sobrevolaban la ciudad como advirtiendo que el “orden democrático” se había restaurado.

El respaldo inmediato de las FFAA al gobierno irregular

El apoyo al gobierno irregular encabezado por Jeanine Áñez desde afuera (movimientos cívicos, iglesia, organismos internacionales, representación de países, partidos políticos opositores, fundaciones, Media Luna, entre otros) y desde adentro (bancada de UD, justicia) fue sellado con el respaldo de las FFAA y la policía en los siguientes días.

El 14 de noviembre, a tres días del golpe, en vista de una escalada de movilizaciones por parte de partidarios del MAS-IPSP y otros movimientos cívicos afines, Áñez aprobó el Decreto Supremo 4078 que tenía el objetivo de autorizar a las FFAA intervenir las movilizaciones para resguardar el orden público y el imperio de la constitución. Este decreto, en el Artículo 3 liberaba la responsabilidad de las fuerzas militares por el uso de la fuerza y sus consecuencias al momento de re instalar el orden público. 

Inmediatamente, el día 15, junto a fuerzas de choque de la policía, las FFAA ejercitaron una intervención violenta a un bloque de partidarios campesinos del MAS-IPSP en la localidad de Sacaba, Cochabamba. El movimiento, sumaba simpatizantes del partido de Morales que habían llegado del Chapare y clamaban por ingresar a la ciudad capital para realizar un marcha a la que se plegarían otros grupos, especialmente periurbanos. Doce víctimas mortales y un centenar de heridos resultaron de este primer ejercicio de violencia. Cinco días después, en la ciudad de El Alto, La Paz, con la excusa de impedir el cerco a la planta de gas en la zona de Senkata y el ataque a convoys de gasolina para el abastecimiento vehicular en la ciudad de La Paz, otras doce personas fueron acribilladas por las FFAA.

En su afán de justificar la “mano dura”, el ex militar y Ministro de Defensa del gobierno irregular, Fernando López (2019), al informar sobre el suceso señalaba que:

Hordas en estado inconveniente decidieron ingresar o pretendieron ingresar a la planta de Senkata con cachorros de dinamita, decidieron voltear paredes con cachorros de dinamita, quemar vehículos y robar garrafas de gas […] Del ejército no salió ni un solo proyectil […] Las Fuerzas Armadas tienen como primer deber hoy por hoy entablar el diálogo con aquellos compatriotas y hermanos bolivianos que, en estos momentos, repito, están recibiendo órdenes, dinero, alcohol y coca para causar vandalismo, para causar terror, para causar pánico […] decirles que, vamos a seguir trabajando en el diálogo, en la paz, nos sigue guiando la biblia y dios para todos nuestros actos […] Hoy aquellos actores que están ligados a la violencia ya tiene un carácter de terrorismo de Estado.

Las sanciones de “masacres” y excesos del aparato represivo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (2019) o el Instituto de Terapia e Investigación (ITEI, 2020), establecieron una tensa calma entre los movimientos populares y el gobierno durante las semanas siguientes.

Resuelta la pacificación mediante el terrorismo de estado, las FFAA se dispusieron a apoyar en el control civil por la crisis política latente y aprovechar un nuevo marco de relacionamiento con el gobierno. Tres situaciones pueden ejemplificar este marco. el 10 de febrero de 2020, siguiendo el proceso constitucional definido para el ascenso de coroneles a generales, Áñez envió a la Cámara de senadores, la solicitud correspondiente a la gestión. La consideración retrasada de la solicitud y su devolución por el Senado, el 19 mayo con observaciones sobre la lista, provocó la reacción desmedida del Mando Militar. El 21 de mayo el Comandante General de las FFAA se presentó en la Cámara de senadores con uniforme de campaña para advertir que la Cámara tendría una semana para aprobar los ascensos (Washington Office on Latin America – WOLA, 2020). El rechazo del Senado a esta presión llevó a que Áñez, mediante Decreto, una forma anticonstitucional, ascienda a los coroneles el 15 de julio (Flores, 2020).

Por otro lado, con motivo de la semana santa, en abril de 2020, con la autorización del Ministro de Defensa y en coordinación con representantes de la iglesia católica y evangélica, la FAB realizó vuelos en helicópteros sobre cuatro ciudades del país con el objeto de bendecirlas para superar la crisis sanitaria (Cazas, 2020). La acción fue criticada por el uso inadecuado de bienes del Estado que en la situación sanitaría podrían haber sido utilizados para el traslado de medicamentos o enfermos.

Entre agosto y septiembre de 2020, a pesar de la escalada de contagios y muertes por la COVID-19, la crisis política entró en una nueva fase. La postergación repetida de la fecha de elecciones, sumada a la crisis económica y el conocimiento de actos de corrupción en torno a la gestión de pandemia provocaron la activación de las fuerzas sociales. La presión social en la región andina (El Alto) y el centro del país (Cochabamba), provocó que la policía, junto a las FFAA desarrollarán actividades de amedrentamiento respaldado por aviones y helicópteros, pero sin llegar a represiones como las del pasado año.

El desgastado gobierno irregular, no pudo controlar la movilización, tampoco postergar más la elección. La definición de fecha para las elecciones nacionales el 18 de octubre de 2020. Junto al fin del gobierno irregular, policía y FFAA se replegaron.

Ejes del golpe y el gobierno irregular

Tres ejes caracterizan el golpe y el gobierno irregular: primero, trata la recuperación de la dominación del Estado por parte de una élite económica para mejorar su perfil de negocios (posesión de tierra, regulación de precios mercado agroindustrial, facilidades jurídicas, entre otras); y restaurar sus privilegios oligárquicos en el aparato burocrático. Este eje se traslapa con los intereses particulares del movimiento cívico urbano. Éste, por una lado, en su composición por trabajadores con estatus académico, aspiraría a superar su situación relegada recuperando el aparato estatal como medio de movilidad social ascendente (Molina, 2019); por otro lado, en su composición por las clases populares, trabajadores sin formación académica, aspirarían a recuperar la democracia y romper con el manejo discrecional de la CPE y de los órganos de justicia y electoral que validaron la reelección y el fraude. 

Un tercer eje traslapa los intereses de las oligarquías locales con los intereses del imperialismo estadounidense: recuperar influencia en el manejo estatal y territorial, con ello el acceso a materia prima (hidrocarburos, minerales, energía, otros); continuar con el proceso ideológico y material de destrucción de fuerzas de resistencia y alternativas anti sistémicas; recuperar el control geopolítico con miras a enfrentar los avances de China y Rusia en el continente (Romano y Lajtman, 2020).

Como se ha sugerido al inicio de este epígrafe, si bien la articulación de estos ejes en el proceso de desestabilización que derivó en el golpe, es solamente posible como reacción a la acumulación de contradicciones en varios niveles, el papel y presencia de las fuerzas represivas de la policía y particularmente de las FFAA fueron determinantes, antes, durante el proceso y la acción inmediata del gobierno irregular.

Las fracciones conservadoras activas y en retiro que resistieron las iniciativas del gobierno del MAS-IPSP apoyaron la desestabilización y su desenlace siguiendo su naturaleza constitutiva: ejercitaron la disciplina y la violencia siguiendo su concepción ideológica y política de nación colonial-republicana (afincada en la religión) en oposición a la idea de estado plurinacional de campesinos-indígenas-movimientos populares urbanos y su filiación discursiva con el socialismo. Cumplieron acuerdos de clase con la oligarquía y burguesía separatistas de oriente en la medida en que éstos acordaron que con la recuperación del “orden democrático” y su retorno al ejercicio de los aparatos del poder y los vínculos con las instituciones y procesos económico políticos del imperialismo, restablecerían también para sí sus privilegios burocráticos.

4. Nuevo gobierno y FFAA, hacia 2025

Contexto del nuevo gobierno

La victoria de Luís Arce y David Choquehuanca con el 55,11%, no solo permitió que el MAS-IPSP retome la dirección del estado entre 2020 y 2025. También lo ubica en la posición de cumplir con su Agenda Patriótica. Sin embargo, la crisis política reciente, ligada a la crisis sanitaria y económica, dejan un margen muy estrecho para avanzar en esa perspectiva.

La gobernabilidad resultante de las elecciones sub nacionales de marzo de 2021, ha trasladado la crisis política entre el bloque neoconservador cruceño y el bloque popular a un escenario de polarización similar al periodo 2005-2008. El probable pacto de gobernabilidad entre el MAS-IPSP y el fragmentado bloque de oposición, parece trasladar la pugna política a la relación gobierno nacional versus gobiernos sub nacionales. Más aún en consideración de que las ciudades principales del país (Santa Cruz, Cochabamba, La Paz), y los departamentos de la “media luna” (Santa Cruz, Tarija, incluyendo Chuquisaca, Beni y Pando) tienen gobiernos en manos de figuras del golpe. Los más relevantes: Iván Arias (exministro de Infraestructura de Áñez), alcalde de La Paz, Manfred Reyes Villa, alcalde de Cochabamba,  Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz.

Este lavado democrático, recuerda el caso de Hugo Banzer en la década de 1980. Su paso de dictador a político profesional y luego a Presidente en 1998 fue consentido por la clase política, de izquierdas y derecha y las élites conservadoras de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, en la práctica de la “democracia pactada”, y las élites conservadoras de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba y su valoración por éstas a las FFAA.

Con la mirada en una nueva oportunidad para asalta el poder, o mediante la demostración de competencias de gobierno en sus respectivas jurisdicciones con miras a las elecciones de 2025, la activación del bloque neoconservador es impredecible pero segura. Hay mucho en juego, principalmente recursos naturales: tierra para la agroindustria, los hidrocarburos y la energía, el hierro y el litio entre otros minerales y otros recursos son razones suficientes.

En este contexto, el gobierno del MAS-IPSP no tiene la tarea fácil. El fraccionamiento interno del partido, vinculado a su organicidad caudillista fuera del esquema tradicional del partido político, sumado a las fracturas con varias organizaciones y movimientos sociales plantea la necesidad de avanzar hacia la autocrítica y a la reforma interna si acaso pretende enfrentar una nueva lucha o continuar con el proceso de cambio más allá del bicentenario nacional.

“No es venganza es justicia”

La deconstrucción del gobierno irregular se ejecutó en cinco meses de gestión. Se anularon todos los decretos supremos (tierras, mercado, ascenso de militares, visas a estadounidenses e israelitas, entre otros), resuelto la vinculación con el FMI y retomado relaciones diplomáticas (Venezuela, Cuba, otras). Sin embargo se ha avanzado poco, más bien superficialmente, en respuesta a la expectativa popular por cumplir con el ajusticiamiento de los implicados en el golpe.

Mientras Áñez fue aprendida cinco días después de las elecciones acusada de sedición, personajes vinculados a la desestabilización y participantes de las reuniones sediciosas (Jorge Quiroga, Carlos Mesa, Samuel Doria Medina, entre otros), continúan haciendo vida pública sin visos a ser interpelados y procesados. Otras autoridades de gobierno irregular con orden de aprehensión, vinculadas a coordinación con las FFAA y la policía, Arturo Murillo, Ministro de Gobierno, Fernando López, Ministro de Defensa, escaparon del país y se refugiaron en Estados Unidos.

Nuevo gobierno y FFAA

El procesamiento de personal de las FFAA, una institución reticente a la intervención civil, históricamente ha requerido de precisión, delicadeza y respaldo extra institucional. A finales de noviembre de 2020, siguiendo los informes de CIDH y Defensoría del Pueblo, consecuencia de la presentación de una demanda por parte de Lidia Patty, ex diputada por el MAS-IPSP, la fiscalía inicia un proceso formal a altos mandos de las FFAA por: sedición, terrorismo, homicidio, lesiones graves y leves.

La captura del comandante de la guarnición de Cochabamba, general Alfredo Cuéllar, acusado de dirigir las tropas que reprimieron en Sacaba, generó reacciones del sector militar pasivo y del Alto Mando. Edgar Morales y Jorge Santiesteban, del sector pasivo, manifestaron preocupación por la captura, debido a que se trataba de un militar activo que solo cumplió órdenes y a quien además le correspondía, en primera instancia, rendir cuentas en la justicia militar (La Razón, 2020). Al respecto de esta intromisión en la institucionalidad de las FFAA, el sector pasivo planteó el rechazo enérgico de la arbitrariedad del Ministerio Público “que ha aprendido a un general de la república vistiendo el uniforme militar” (La Ventana, 2020).

En una línea similar, el Alto Mando, a través del comandante Jaime Alberto Zabala, en un inédito comunicado público[xvi], manifestó el desconcierto institucional indicando que las FFAA solo reciben órdenes de resguardar y proteger constantemente el bien común, enmarcados siempre en los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Señalando por último: «Cuando los conflictos son inminentes, invocamos a Dios y llamamos al soldado; cuando el conflicto pasa, olvidamos a Dios y juzgamos al soldado» (Los Tiempos, 2020).

En marzo y abril, se procedió a la aprehensión de implicados en la masacre de Senkata. Primero se capturó al comandante de la División Mecanizada del Ejército general Franco Orlando Suárez Paz. El 1 de abril, se capturó a el exdirector de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) general en retiro Luis Fernando Valverde Ferrufino con la acusación de haber participado y dirigido el operativo militar-policial. Según testimonio de civiles, un militar y los informes operativos de un general y un coronel, este exmilitar en cualidad de servidor público habría asumido atribuciones que no le correspondían. Ordenó el retorno de seis tanquetas de las FFAA con personal militar a la Planta de Senkata. Ahí conjuntamente a otros efectivos militares de alto rango y con conocimiento de exautoridades del Órgano Ejecutivo, autorizó abrir fuego contra la población civil (La Razón, 2021).

Siguiendo la misma orden aprehensión, el exjefe del Estado Mayor de las FFAA, Flavio Arce, se presentó voluntariamente ante las autoridades y fue arrestado de inmediato. La aprehensión de Sergio Orellana, Comandante en Jefe del Alto Mando del gobierno irregular, Williams Kaliman y el excomandante de la policía Vladimir Yuri Calderón no fue posible, dado que el primero habría salido del país rumbo a Colombia en diciembre pasado y los otros dos tendrían a la fecha paradero desconocido.

El contraste entre civiles y militares aprehendidos y civiles y militares libres o prófugos es la expresión de la estructura política actual. Los sujetos aprehendidos, elementos intermedios de la cadena de mando, actores de circunstancia en la operación técnica de la violencia, las armas, serán sentenciados como el antecedente más próximo de 2003, Octubre Negro. Mientras que los mandos superiores, exmilitares y civiles, ideólogos de la ruptura, del surgimiento y operación del régimen irregular, podrían quedar libres e impunes una vez más.

Epílogo

La vanguardia política boliviana del siglo XXI, no entendió que ganar elecciones consecutivas o la aprobación de una CPE eran el principio de construcción de otra forma de Estado y con ello de sociedad y nación, no el fin del camino.

La fuerza en las calles y la ventaja del boom de materias primas generaron condiciones objetivas y subjetivas importantes para las clases populares entre 2006 y 2020. Estas mismas fuerzas, políticas y económicas, bajo el liderazgo del MAS-IPSP carecieron de una praxis del proceso de cambio más comprometida con la descolonización y deconstrucción de los aparatos tradicionales del Estado. Con especial énfasis en los aparatos represivos y particularmente las FFAA.

Se optó por el pacto con las armas, con la oposición encastrada en los aparatos estatales y la oposición activa a nivel nacional, reproduciendo así, en las entrañas del proceso de cambio, las fuerzas reactivas al mismo.

En previsión de que el protagonismo de las armas, siguiendo la identidad secular de las FFAA, no se ha alineado con las causas del bienestar colectivo sino de intereses mezquinos en pleno siglo XXI. Y a sabiendas de que las necesidades urgentes obnubilan las tareas estratégicas para la transformación estructural.

Convendría al gobierno y sus fuerzas político partidarias y sociales de respaldo, evaluar críticamente si su identidad progresista sigue siendo base de partida válida para transformar la realidad nacional o si se necesitan ajustes que profundicen el proceso de cambio de acuerdo a las experiencias vividas en el último año y medio.

Una u otra opción, la dialéctica transformación y reacción tienen en el proceso boliviano hacia el bicentenario un par de años de lucha activa. Ya por la reproducción del sistema o ya por la alternativa de superación del capitalismo.

Bibliografía

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Notas

[i] Este trabajo es una versión alternativa del capítulo “Bolivia – The Armed Forces and the Crisis of the Plurinational State of Bolivia: Neo-Conservatism Versus the Popular Movement in the Twenty-First Century” incluído en Latin American Military and Politics in the 21st Century A Cross-National Analysis, 2022, Routledge.

[ii] Ex miembro del Ejército Guerrillero Tupac Katari, era cabeza de un colectivo heterogéneo de intelectuales de izquierda que apoyaba al MAS-IPSP.

[iii] En agosto de 2011, cinco militares del Alto Mando enjuiciados por la masacre de 67 personas en 2003 fueron condenados por genocidio.

[iv] El puente ideológico y político entre esta fracción del ejército y Evo Morales y el MAS-IPSP fue Juan Ramón Quintana, un exmilitar formado en la Escuela de las Américas de Panamá que habría abandonado el ejército en 1996 por desavenencia con la estructura conservadora y corrupta de la institución. Desde entonces se desempeñará como académico dedicado a estudiar las dinámicas internas del ejército desde una mirada nacionalista de izquierda.

[v] Ver título tres.

[vi] Morales lamentaría en 2020 no crear entonces una inteligencia nacional.

[vii] Militante del Ejército de Liberación Nacional, torturada y enviada a la cárcel durante el gobierno del general Hugo Banzer. Como activista de derechos humanos, dirigió la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos (ASOFAMD) y Mártires por la Liberación Nacional de Bolivia. Como médica y activista del proceso del MAS-IPSP dirigió el Ministerio de Salud entre 2006-2008 y 2010-2012.

[viii] La inefectiva gestión de estos emprendimientos, generó daños y perjuicios al estado por un valor estimado de 80 millones de dólares estadounidenses.

[ix] Esta situación contradictoria entre indígenas y oficales, también podría identificarse en una remembranza del mismo Morales: ”Recordó que los sábados y domingos habilitaban un espacio para jugar futsal y una de las esquinas se ubicaba el frontón donde acostumbraba a jugar con un subteniente, quien, sin embargo, aprovechaba de su habilidad en el juego para ganar apuestas que después no compartía con él” (Viceministerio de Comunicación, 2012).

[x] De manera irregular, el Comité Electoral de Santa Cruz organizó un referéndum para aprobar el estatuto autonómico departamental el 26 de mayo. El 22 de junio, Tarija cerró el cuarto referéndum del bloque disidente. Con el objetivo de paliar la crisis desestabilizadora, Morales convocó a referéndum de revocación de mandatos, de la Presidencia y Vice presidencia de la república y prefectos departamentales para el 10 de agosto. La validación de estas autoridades no contribuyó a resolver la crisis. Las autoridades prefecturales y cívicas de la “media luna”, desde el 19 de agosto, llamaron a desobediencia civil, apostaron por presionar al gobierno bloqueando calles, tomando aeropuertos, edificios públicos, atacaron a funcionarios del gobierno y se enfrentaron a partidarios del MAS-IPSP.

Frente a esta movida, el gobierno ordenó a las FFAA proteger las instalaciones de hidrocarburos en previsión de atentados ara interrumpir el envío de gas hacia Brasil y Argentina. A pesar de ello, el 10 de septiembre, comandos civiles de oposición lograron cerrar el gasoducto más importante de Tarija y provocando una explosión que interrumpió el despacho de gas al Brasil y tomaron la planta de gas de Vuelta Grande, en Chuquisaca, limitando el flujo a la Argentina.

[xi] Estos modelos definen con sus particularidades propias un proceso económico regulado por el Estado, basado en la participación de iniciativas privadas, comunitarias, estatales y mixtas con el objetivo de acumulación para la distribución hacia los sectores vulnerables de la nación.

[xii] Según los “Panamá Papers” la familia de Marinkovic tenía al menos quince empresas off shore manejadas por el bufete de abogados Mossak Fonseka. Su racismo se ilustra en la frase “los collas son raza maldita”.

[xiii] El 3 de febrero, el periodista Carlos Valverde denunció que Gabriela Zapata, ex pareja de Evo Morales habría manejado contratos a favor del consorcio chino CAMC por un monto de 560 millones de dólares estadounidenses. A raíz de esta denuncia y otras complementarias, en los meses posteriores se produjeron investigaciones sobre el patrimonio de la empresaria, sus vínculos con el gobierno, la existencia del hijo, la falsificación de documentos, entre otros temas ampliamente seguidos por la prensa nacional e internacional. El proceso concluyó en mayo de 2017 con una sentencia de 10 años para Zapata y un silencio inusitado después de ser centro de opinión durante un año.

Carlos Valverde, es un periodista muy popular en Santa Cruz por su estilo de confrontación directa contra el gobierno del MAS-IPSP. Su manejo de noticias da cuenta de ser parte de una red de informantes en varias instancias del gobierno sub nacional y a nivel nacional.

En la década de 1970, como militante de la Falange Socialista Boliviana, habría conformado un grupo paramilitar de control de los universitarios autonomistas en la Universidad Gabriel René Moreno. Entre 1990 y 1993 se desempeñó como  jefe Nacional de Inteligencia durante el gobierno de Jaime Paz Zamora (alianza MIR – ADN). Fue exonerado del proceso por una Resolución Camaral extraordinaria.

[xiv] En su afán por presionar a las representantes del MAS-IPSP en las reuniones políticas de la Universidad Católica de La Paz, Samuel Doria Medina habría advertido “[…] deben tomar una decisión de inmediato, hoy mismo. De lo contrario, operaremos por nuestro Plan B” (Morales, 2021).

[xv] “Las elecciones de 2019 serán el momento clave para la inestabilidad política en Bolivia. […] Una elección muy disputada, en donde proliferen las acusaciones de fraude electoral, podría prender la llama en una escena política interna ya tensa. Las manifestaciones se extenderían, particularmente en provincias orientales como Santa Cruz, centro de la oposición política boliviana. […] Esa situación podría provocar un breve período de confrontación política posiblemente violenta en todo el país” (StratFor, 2018).

[xvi] Según la CPE y la Ley Orgánica de las FFAA, las FFAA obedecen al presidente y en términos administrativos se relacionan con el Ministro de Defensa. Protocolarmente estos canales son los adecuados para manifestar inconformidad.